Desde México DF

La Argentina no sólo discute un nuevo paradigma sobre las drogas: también lleva el debate a América latina. Una entidad pionera en el país en proponer una visión distinta sobre el tema organizó la Conferencia sobre Políticas de Drogas en Latinoamérica en México, el corazón de la guerra contra el narcotráfico. “Siento orgullo de ser parte de un hecho político, de una construcción colectiva que suma voces en todo el mundo”, dijo en la apertura Graciela Touzé, titular de Intercambios, la organización que impulsó las jornadas. Si en el país esa nueva visión tiene apoyo oficial, México es hoy el ejemplo opuesto: unos días antes del inicio, buena parte de los funcionarios del gobierno federal decidieron, con distintos argumentos, no asistir a la cumbre donde también se debatió la escalada militar impulsada por el presidente Felipe Calderón, que ya dejó más de 40 mil muertos en cinco años. Jorge Hernández Tinajero, presidente de Cupihd, organizador local, exigió “abandonar falsos debates” y discutir con seriedad otras opciones. “No pedimos menos controles, sino mejores controles”, dijo. El debate quedó abierto en América latina.

Durante dos jornadas realizadas el martes y el miércoles en el hotel Crowne Plaza del DF, expertos, activistas y funcionarios disecaron la política prohibicionista, impulsada a fines de los ’80 por el gobierno norteamericano, y cuestionada en las últimas cumbres de ONU por varios países; Uruguay, Bolivia y Argentina, entre ellos. Las ausencias de dos funcionarios de Calderón, Alejandro Poiré Romero, del Consejo de Seguridad Nacional, y el secretario de Salud, José Angel Córdoba Villalobos, fueron suplidas por Carlos Tena Tamayo, de la Conadic, institución dedicada a prevenir y tratar el abuso y la dependencia.

“Tener a Poiré era como tenerlo a Aníbal Fernández, como pasa en Argentina. Era una movida ambiciosa”, reconoció un organizador. Tamayo no mencionó la guerra. Afirmó que el consumo es un tema de salud pública y pidió desterrar “las razones moralistas” que limitan su comprensión. Y aunque el último Presupuesto del oficialismo prevé más dinero para combatir el crimen organizado que para política social, Tamayo señaló que durante este gobierno a la Conadic se le duplicaron los fondos.

Tras la apertura, se develaron cifras y realidades regionales sobre la política acordada globalmente. Entre otras, el encarcelamiento de mulas en Ecuador, el gasto ineficaz para combatir la producción en Colombia, la ruptura de Bolivia con la DEA y su crítica a las convenciones de drogas de la ONU y finalmente la violencia en México. “Queremos generar un debate social informado para que surjan propuestas de políticas no punitivas”, dijo Touzé antes del debate sobre las consecuencias de la guerra.

Huesos roídos

“Hay una distorsión judicial en la región. Por la influencia de la política exterior estadounidense, en 1987 se implementaron penas más duras para los delitos de tráfico de drogas en Ecuador con penas de hasta 25 años, cuando doce era lo estipulado para homicidio simple. No hay diferencias entre el narcomenudeo y el narcotráfico. A una señora de 75 años la acaban de condenar a ocho años por tener 22 gramos de marihuana”, explicó la diputada ecuatoriana María Paula Romo.

El presidente Rafael Correa indultó a 2000 mulas en 2008, “con una reincidencia del uno por ciento” pero esta política retrocedió, agregó, después de que se aprobó un plebiscito para reformar la Constitución este año. “El 70 por ciento de la población carcelaria femenina en Argentina está detenida por estos delitos menores, que no son excarcelables”, informó Romo. En Brasil, es la segunda causa de privación de la libertad. Entre 1980 y 2007, Estados Unidos pasó de 50 mil a 500 mil detenidos por estas causas.

“En 2009, 60 por ciento de los denunciados por tráfico de drogas fueron capturados en Ecuador mientras que sólo dos de cada 100 denuncias por homicidio terminaron en sentencia. Es decir, 98 por ciento de impunidad”, dijo Romo. El índice sólo lo supera México, donde la reforma constitucional permite que una persona pueda estar 80 días presa, sin estar acusado de un delito. La guerra impuso “un régimen de excepción, con discrecionalidad y enormes poderes para instancias policiales”, explicó el investigador local del CIDE, Alejandro Madrazo.

“No se trata de medidas transitorias. Son modificaciones permanentes que atacan valores fundamentales y que también dejan profundas cicatrices en la comunidad”, aseguró el experto. Luego lamentó los dichos del presidente, que acusa a los jueces de sacar criminales. “Pretende quitarse la responsabilidad de hacer una buena investigación pero las autoridades judiciales liberan porque la procuraduría no provee las pruebas”, dijo Madrazo. Y se despidió: “El homicidio ya es la principal causa de muerte de la juventud mexicana”.

La crítica más mordaz a la guerra contra la drogas vino del país que más la conoce. El investigador de la Universidad de los Andes, Daniel Mejía Londoño, analizó los resultados del Plan Colombia implementado desde 1999 y financiado en parte por Estados Unidos para erradicar, en principio, los cultivo de coca. “El país gastó 700 millones de dólares al año. Es la intervención más grande de mercados ilegales de drogas hecha en el mundo y equivale al 1,1 por ciento del Producto Bruto Interno de Colombia”, afirmó.

La erradicación por medio de pesticidas lanzados en avioneta o hecha manualmente hizo aumentar el cultivo en los países vecinos y forzó a migrar a miles de campesinos colombianos por la contaminación. “Hoy Colombia no sólo trafica, se volvió el primer productor de hojas de coca y cocaína”, aseguró Mejía Londoño y detalló el reparto de ganancias en el negocio. El 9 por ciento se va en el cultivo, el 5 en pasar de la coca a la base, el 15 en el refinamiento y 71 en el tráfico desde Colombia hacia el exterior. “¿Por qué la guerra es contra el cultivador y no contra el traficante?”, se preguntó.

“Lo que aumenta los homicidios no es el producto, sino su ilegalidad. Esto mismo ocurre con la ilegalidad de todo mercado”, comentó. Luego recomendó a las autoridades peruanas, que suspendieron la erradicación del cultivo de hojas de coca, motivando la preocupación de la embajada norteamericana local, que sepan que la erradicación violenta no funciona. “Y hablo de efectividad, no de cuestiones ideológicas”, aclaró.

La hoja de coca, su uso ancestral, que no se la distinga de la cocaína en las Convención Unica de Estupefacientes de 1961 de la ONU también tuvieron sus consecuencias políticas. El embajador boliviano ante La Haya, Roberto Calzadilla Sarmiento, fue categórico al mencionar el reclamo presentado por su país ante la ONU para que se modifique la Convención. “Si más de 66 países están en contra, la reserva estaría vetada, creemos que vamos a tener comprensión de parte de la comunidad internacional y de México”, dijo. México es el único país latinoamericano que no los apoyó.

La erradicación de cultivos ilícitos mejoró, agregó, desde que se acabó la injerencia exterior: “Y lo hemos hecho garantizando el respeto a los derechos humanos y la concertación social”. El moderador de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, Hernán Merlino, preguntó si, más allá de la hegemonía de las convenciones internacionales, se podían aplicar estrategias distintas en el tema. Nadie le contestó.

El diario de mañana

La segunda jornada incluyó mesas sobre seguridad y violencia. También sobre respuestas sociosanitarias para usuarios problemáticos, donde Yago Di Nella, a cargo de Salud Mental y Adicciones del gobierno argentino, llevó el lema: “Sí a la atención, no al encierro”. Di Nella criticó la incidencia policial y judicial en temas de salud. Y aclaró: “Por cada nueve personas que tienen problemas con el alcohol en Argentina, una lo tiene con alguna droga ilícita. Pero el presupuesto destinado anteriormente era inverso a la lógica: se invertía mucho más en drogas ilegales”.

En la prensa local resonaban las palabras de Antonio Mazzitelli, de la oficina especializada en drogas y delito de la ONU, quien insistió en que Naciones Unidas sólo fiscaliza los convenios que todos los países firmaron y cuestiona Bolivia. Ante los periodistas, dijo que no serviría legalizar ninguna droga “porque las organizaciones criminales en México tienen otros ingresos, la trata y el secuestro extorsivo, que se verían reforzados”. La guerra no está en discusión, concluyó.

Eduardo Guerrero Gutiérrez, experto mexicano en temas de seguridad y crimen organizado, explicó que difícilmente se detenga la epidemia de violencia en lo inmediato, incluso con un cambio de estrategia de un próximo gobierno: “Si continúa para 2012 se rebasarán 64 mil ejecuciones”. Los diarios del día informaban que los diputados republicanos insistían al presidente Barack Obama que envíe más dinero en el marco del Plan Mérida, de cooperación con México y Centroamérica, según ellos, “para luchar contra la insurgencia”.

El republicano Coonie Mack detalló los siguientes pasos de una estrategia más agresiva que incluye la participación del Departamento de Estado, la DEA, la CIA, completar el muro entre ambos países y hasta mandar aviones no tripulados a la frontera. Al cierre de las conferencias, organizadores y activistas pidieron usar instrumentos regionales como el Mercosur, Unasur y ALBA para impulsar una reforma de las políticas de drogas y detener las masacres . “¿Será factible una respuesta regional? Esa es nuestra gran tarea”, dijo Pablo Cymerman, coordinador de Intercambios.

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