La cabeza política de la seguridad en Catamarca quedó acéfala, si es que esto fuera posible, y si es que no venía ocurriendo desde antes. El radical Eduardo Brizuela del Moral, gobernador catamarqueño, aceptó las renuncias del subsecretario de Seguridad, Luis Baracat; del jefe de Policía, Francisco Mercedes Soria; y del subjefe, Dionisio Amando Ahumada. Fueron consecuencia inevitable de las muertes evitables de cuatro chicos, calcinados en una celda de una Alcaidía que no estaba en condiciones de albergar a nadie, mucho menos a menores de 18 años. La reacción del Ejecutivo fue lerda. Brizuela aceptó las renuncias 11 días después del incendio, y cuatro años después de que el edificio fuera abierto para alojar a adolescentes sin medidas tan básicas como instalaciones contra incendios. La Alcaidía fue abierta como lugar de alojamiento de adolescentes en 2007. Si durante el propio gobierno de Brizuela siguió siendo un centro de detención contrario a la ley, la Convención de los Derechos del Niño, es dable pensar que no modificará nada en sus últimos tres meses de gestión.

El incendio tuvo lugar en la Alcaidía, sobre la avenida Colón, a menos de diez cuadras de la plaza central de Catamarca. Alcaidía porque se encontraba pegada a la vieja cárcel que fue trasladada al departamento de Capayán. La Alcaidía era utilizada como lugar de detención de procesados. En 1993, ya prenunciaba su inutilidad cuando fue escenario de otro incendio en el que murieron 13 detenidos sin condena. Sin modificaciones a la vista, desde 2007 pasó a ser un anexo de la Comisaría del Menor, donde eran alojados los menores de 18, legalmente sólo por unas horas, pero ilegalmente, como ocurrió con los cuatro jóvenes que murieron tras el incendio, detenidos entre una semana y 20 días, por orden judicial.

La gravedad del caso aumenta en relación inversa a la edad de los chicos fallecidos: el mayor tenía 17; otro, 16, y dos, a los 15 años, es decir, ni siquiera eran punibles, pero estaban alojados entre rejas. Los fiscales Juan Pablo Morales y Marcelo Sago secuestraron los libros de la comisaría y presentaron una serie de pedidos al juez de garantías José Antonio Carma, para que se investigue a las juezas de menores Ilda Figueroa y Ana María Nieto, quienes dispusieron la detención de las víctimas en la presunta Alcaidía. Lo que sigue es que Carma decida si corresponde solicitar un jury que quite los fueros a las juezas, para poder avanzar la investigación penal sobre la actuación judicial. Por otro lado, los fiscales sí están en condiciones de continuar investigando las responsabilidades directas y superiores. Posiblemente hoy puedan contar con el resultado de los peritajes de Gendarmería.

Tal como surge de los datos a la fecha, los chicos, que no debían estar alojados en sede penal (habían sido detenidos por hurtos) tenían problemas de adicción y no había personal capacitado para contenerlos. Por un motivo que por el momento se desconoce, iniciaron un reclamo que derivó en una protesta suicida. Según esos datos, a confirmar, trabaron el acceso a la celda, se cubrieron con colchones y prendieron fuego. Una versión dice que uno de los chicos amenazaba con incendiarse y un policía le dijo “animate” y le arrojó un encendedor. Otra versión sostiene que no se los revisó correctamente y ya contaban con el encendedor. Lo cierto es que penalmente no será posible responsabilizar a un aparatito que enciende fuego, ni a los chicos que lo encendieron, no por muertos sino por adolescentes. Más probable pareciera que el interrogante debiera fijarse en el lugar de alojamiento y, más arriba aún, en la política penal aplicada sobre menores de 18.

[email protected]