La muerte de los cuatro chicos detenidos en la Alcaidía de Catamarca evoca los versos de Mario Benedetti, ya que ésa es la verdadera sensación que experimentamos: consternación y rabia por cuatro muertes evitables. Nelson Fernández (15), Franco Nieva (17), Nelson Molas (17) y Franco Sosa (17) se encontraban privados de la libertad por motivos que, en la generalidad de los casos, tratándose de personas mayores de edad, ni siquiera ameritarían su restricción ambulatoria más que por un par de horas, a los solos fines rutinarios. Las causas que se les imputaban a estos chicos consistían en robos y hurtos en grado de tentativa, las que difícilmente hubiesen concluido en sentencias condenatorias a penas privativas de la libertad. Pero ser joven y pobre continúa siendo una condición sumamente riesgosa a la hora de afrontar las instancias judiciales.

Los cuatro pibes que encontraron la muerte en las llamas de la Alcaidía estaban detenidos desde hacía más de cinco días, en calidad de demorados, contrariando expresas disposiciones legales que impiden dicha posibilidad y que sólo pueden ser viables bajo curiosas interpretaciones que hacen algunos jueces que, lejos de ocuparse en garantizar los derechos de las personas sometidas a proceso, asumen un rol de gendarmes de la seguridad, impropio de la función jurisdiccional.

A este respecto debe recordarse que la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional, dispone que la privación de la libertad de niños, niñas y adolescentes debe ser empleada como último recurso dentro de la variedad de medidas que puede adoptar la Justicia. Del mismo modo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos termina de producir un informe titulado “Justicia juvenil y derechos humanos”, donde no sólo advierte por el incorrecto uso de la prisión para las personas menores de edad, sino que exhorta a los Estados a abolir este tipo de penas. La memoria de las víctimas, el dolor de sus familiares y la construcción de una sociedad democrática e inclusiva exige que se investigue hasta las últimas consecuencias las responsabilidades que se derivan de los hechos pero, principalmente, se analice la conducta de los encargados de hacer cumplir la ley que con notable incuria y desaprensión permitieron y toleraron estas inexplicables detenciones en calidad de “demorados”, muy próximas a una privación ilegal de la libertad, y que de-sembocaron en la tragedia que hoy nos deja consternados y rabiosos.

* Juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea. Presidente de la Asociación Pensamiento Penal.