Encolumnados por el reclamo de justicia para Bruno Pappa, quien murió hace 12 días luego de recibir un disparo de Enzo Alvarez –policía de la Metropolitana fuera de servicio–, ayer marcharon por el barrio de Chacarita familiares, vecinos, organizaciones sociales y políticas. El hecho fue calificado como “homicidio” en el acta labrada en la comisaría 29 de la Policía Federal y Alvarez continúa detenido. Pappa, un joven que vivía a pocas cuadras, en la villa Fraga, intentó asaltarlo con un arma de juguete y, según dos testigos presenciales, fue ultimado de un balazo en la cara por el oficial, cuando ya se encontraba reducido. Hoy la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pedirá una copia del expediente para evaluar si se trató de un caso de gatillo fácil e intervenir como querellante.

La marcha concentró en la esquina de Corrientes y Dorrego, a pocas cuadras de donde Pappa recibió el tiro del arma reglamentaria de Alvarez, en Lemos al 200, el 8 de septiembre. La consigna de los organizadores fue repudiar la política de seguridad del gobierno porteño. “Lejos de brindar mayor seguridad a los ciudadanos que habitamos la comuna, generan mayor violencia y discriminación”, consignaron en un comunicado. “Para nosotros la seguridad es tener trabajo, vivienda, educación... cosas que le deben haber costado bastante a Bruno”, agregaron.

“Lo que está en debate es el concepto de seguridad”, le dijo a este diario Mirta “Mini” Pérez, de la asamblea barrial de Corrientes y Juan B. Justo. La construcción de la comisaría de la Metropolitana atacada a piedrazos el mismo día de la muerte de Pappa, comentó, es un buen ejemplo del debate. “Los vecinos habían votado en el presupuesto participativo que ahí, que era un predio de los talleres Guzmán, se hiciera un polideportivo –aseguró Pérez– y ahora ellos se pusieron a construir; van a construir la comisaría y eso que presentamos amparos para detenerlos.”

La protesta fue promovida por una multisectorial que abarca la comuna 15, integrada por organizaciones políticas como el Partido Solidario en Nuevo Encuentro, Unidad Socialista para la Victoria, Partido Comunista, Corriente 17 de Agosto y Buenos Aires para Todos. Además, contó con las adhesiones de los legisladores porteños María Elena Naddeo, Francisco “Tito” Nenna y Laura García Tuñón. También se solidarizaron organizaciones barriales y otras defensoras de los derechos humanos.

Pappa tenía 25 años y vivía junto a su concubina, embarazada de cinco meses, en la villa Fraga, cerca del cruce de esa calle y Conesa, bordeando las vías del ferrocarril Urquiza. Según detalló Magdalena Pace, de Jóvenes por la Igualdad, el lugar existe desde el 2001 y actualmente allí viven alrededor de dos mil personas. “Estamos luchando para que el lugar no siga siendo tomado como un asentamiento y sí como una villa. Con eso lograríamos que se apliquen algunos planes sociales.”

A partir de una serie de amparos, en 2009 los vecinos consiguieron traer el tendido eléctrico, un tramo de las cloacas y camiones con agua. “A través de la diputada (nacional) Fernanda Reyes planteamos en el Congreso que los terrenos, que son de la Nación, pasen a la Ciudad para que en la Legislatura porteña se debata la urbanización. Además, ya están en marcha las elecciones para legitimar delegados y delegadas de esta villa, que ya entró en un proceso de reacomodamiento interno para que se puedan abrir calles, por ejemplo”, comentó Pace.

Gracias a sus ahorros y a la colaboración de vecinos y organizaciones sociales, Claudia Beatriz Resina pudo pagar una tumba en el cementerio de Chacarita para Pappa, a quien crió desde pequeño por pedido de su madre biológica, fallecida hace pocos años. “Tardaron una semana en darme el cuerpo”, se quejaba ayer la mujer, que desde el martes de la semana pasada podría haberlo retirado. Sin embargo, como no adoptó legalmente a Pappa y el joven tampoco estaba casado la situación era compleja, pero se resolvió por gestiones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

“Bruno cumplió condena por robo y cuando salió estudió para chef. Se recibió y quería hacer una nueva vida, pero no lo dejaron”, contó Resina. El caso está siendo analizado por Pablo Barbuto y Leonardo Martínez, abogados del área jurídica nacional de la Secretaría, quienes hoy presentarán un escrito a la jueza Alicia Iermini pidiendo una copia del expediente para evaluar la posibilidad de que el organismo se constituya como querellante.

El secreto de sumario fue levantado el lunes pasado y la fiscalía interviniente debe aún elevar el requerimiento de instrucción, es decir, ratificar la investigación y dar su postura sobre el caso. Por los prejuicios del sistema legal, la concubina de Pappa no está habilitada para ser querellante. “Y eso que estamos en el siglo XXI”, observó Barbuto.

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