SOCIEDAD › DENUNCIA POR UNA MUERTE EN LA COMISARIA DEL CASO BRU
Cinco policías están acusados por una muerte en la comisaría 9ª de La Plata. Los familiares dicen que hay más implicados. Aseguran que no se trató de un suicidio, como dijo la policía.
› Por Carlos Rodríguez
En noviembre se cumplirán seis años del crimen de Daniel Oscar Migone (38), ocurrido en un calabozo de la comisaría novena de La Plata, la misma en donde fue torturado, asesinado y desaparecido, en 1993, el estudiante de periodismo Miguel Bru. En la causa Migone, que cambió una vez de fiscal y otra de juez por recusaciones presentadas por la familia de la víctima, hay cinco policías imputados. Tres están presos, una mujer que pertenece a la fuerza está con prisión domiciliaria y un quinto sigue libre. Según la versión policial, Migone había sido detenido por robar pasacasetes en tres automóviles y se había suicidado ahorcándose “con su campera de jeans”. El informe policial fue desestimado por una autopsia en la que se comprobó que Migone “había sido golpeado en los testículos y que presentaba un traumatismo craneano propio de alguien cuya cabeza es golpeada contra una pared”, explicó a Página/12 el abogado de la familia, Fabio Villarruel. Los familiares, patrocinados por la Asociación Miguel Bru, esperan ahora que “se profundice la investigación”, dado que habría “otros implicados que hasta ahora no fueron tenidos en cuenta”.
Villarruel, en diálogo con este diario, dijo que la causa ahora está en manos de la jueza platense Marcela Garmendia, quien reemplaza al juez anterior, Néstor de Aspro, quien fuera recusado por los padres de Migone, que ahora –acompañados por más de diez organismos oficiales, de DD.HH., sociales y estudiantiles– solicitaron a la Justicia que “profundice la investigación y garantice a la familia de la víctima el acceso al derecho a la verdad”. Para ello piden que el caso pase a la jurisdicción de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas.
En este momento, los fiscales son Marcelo Martini y Javier Berlingieri, quienes reemplazaron hace más de dos años a la fiscal Leila Aguilar, que también fue recusada por la familia luego de “tres años de dilaciones”. Fue sucedida en el caso por Martini y Berlingieri, quienes ahora fueron recusados por la querella, “dado que pretenden elevar el caso a juicio oral sin profundizar la investigación”, explicó Villarruel.
Los familiares de Migone creen que su detención se debió a que él “mantenía una relación sentimental con una mujer que, a su vez, tenía un vínculo similar con un agente de la novena”, sostuvo el abogado Villarruel. Los argumentos de la policía, en el sentido de que Migone habría sido autor de tres robos de pasacasetes, “han sido desvirtuados por las pruebas reunidas. La clave estaría en que se incorpore a la causa el resultado del análisis de los llamados que se habrían hecho desde un teléfono Nextel (que pertenece a la mujer en cuestión) y que podría llevar al policía que sería el autor ideológico de la detención, que más que detención habría tenido el carácter de un secuestro”, sostuvo Villarruel.
La familia no quiere que la causa se limite a cinco imputados, como ocurre hoy. Hasta ahora, sus dos primeros planteos de recusación fueron aceptados por los tribunales superiores. La Sala III del Tribunal de Casación bonaerense hizo lugar al pedido de la querella de que se profundice la investigación y la Sala V de la Cámara de Apelación y Garantías apartó del caso al juez De Aspro. Ahora, lo que pretende la querella es que se cambie a los fiscales Martini y Berlingieri.
Hasta ahora, los imputados son el jefe de turno de la comisaría novena capitán Marcelo Fabián Falcón, el teniente Luis Díaz Zapata y el imaginaria de calabozos Carlos Ariel Toloza, quienes se encuentran detenidos; la oficial de servicio María Valeria Maciel, a quien se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria, y el policía Daniel Guillermo Espósito, quien estuvo prófugo y que ahora sigue en libertad porque presentó un pedido de excarcelación sobre el cual debe expedirse la nueva jueza Marcela Garmendia.
El abogado Fabio Villarruel consideró “irrisoria” la acusación que se le hizo a Migone del supuesto robo de pasacasetes. “Dicen que rompió los vidrios de tres autos, pero la imputación es insostenible. En uno de los vehículos encontraron sangre, pero Migone no tenía ninguna herida en sus manos ni en sus brazos, de manera que no fue él quien rompió esos vidrios”, puntualizó el abogado.
Recordó que “también dijeron que hallaron su celular en uno de los coches, pero el hallazgo se produjo luego de la muerte de Migone en el calabozo. Y en cuanto al supuesto suicidio, es ridículo lo que se dice: que ató su campera de jeans a la cucheta de cemento en la que dormía y que luego la amarró a su cuello para quitarse la vida. Es difícil ahorcarse con una campera de jeans y mucho menos si la cama estaba a 30 centímetros del suelo”, resaltó Villarruel.
Insistió en que “la única salida en la causa es profundizar la investigación porque es evidente que le armaron una causa para vengarse porque él salía con la misma chica que tenía una relación con un policía de la novena que no está por ahora en el expediente”.
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