Los mapuches de la comunidad de Pillan Mahuiza (Chubut) están realizando una campaña contra lo que llaman “el remate de la Patagonia”. Su objetivo es instalar en la agenda pública el problema del traspaso de grandes extensiones de tierras a empresas extranjeras, un proceso que consideran que aún no es percibido en su magnitud por el grueso de la sociedad. Con ese fin, preparan una marcha a la Plaza de Mayo encabezada por integrantes de los pueblos originarios junto a piqueteros, asambleas y organismos de derechos humanos.
Moria Millán, habitante de esa comunidad ubicada cien kilómetros al sur de Esquel, es una de las impulsoras de la campaña. Esta semana el juez federal de Bariloche, Leónidas Moldes, la procesó junto a otro miembro de su comunidad, Martiniano Jones Huala, por un corte de ruta que realizaron el año pasado sobre un puente de entrada a la ciudad.
Los manifestantes protestaban entonces, como lo harán en la movilización programada para el 24 de abril en Buenos Aires, por la venta indiscriminada de tierras, la instalación de la empresa minera canadiense Meridian Gold (cuyo proyecto de extracción de oro conllevará el uso de cianuro, como se informa en las páginas 18 y 19) y contra los desalojos que los mapuches están sufriendo en la provincia.
El más reciente de esos operativos ocurrió el miércoles, “contra la familia Fermín”, señaló Millán a Página/12, en una medida que los desalojados consideran que puede ser seguida de otras similares, ya que el juicio por usurpación que lo motivó abarca además a otros siete denunciados.
–¿Cuántas personas integran la comunidad?
–Veinticuatro, con niños incluidos. Es la más chica y también la más nueva, porque la constituimos en el ‘99, al recuperar 150 hectáreas que eran de la policía. Aunque el título de propiedad lo tienen ellos, se trata de un documento que no implica pertenencia, porque en realidad las tierras hasta 1939 eran de 30 familias mapuches que fueron desalojadas por un terrateniente. La policía hizo entonces de fuerza represiva: quemó las casas, quemó la siembra, echó a la gente que se fue a la cordillera, donde formó otra comunidad que actualmente también está con conflictos de tierras. Nosotros vivimos allí de una chacra con cultivos diversificados, de la elaboración de dulces artesanales y el turismo indígena. No le pedimos nada al Estado, salvo el reconocimiento de la propiedad.
En la provincia, puntualiza Millán, hay 65 comunidades mapuches, muchas de las cuales atraviesan conflictos legales por la tierra. En 1996, en su carácter de presidente, Carlos Menem visitó la región y entregó algunos títulos de propiedad “aunque en zonas áridas, desérticas, donde la vida es difícil. Mientras tanto, los que vivimos en zonas forestales, de bosques, en una de las zonas más lindas del planeta, con ríos y grandes reservas de agua estamos teniendo cada vez mayores problemas. Estamos libres de contaminación ambiental, lo que genera un interés mayor en los grupos de inversión. El año pasado, por ejemplo, la comunidad de Lago Rosario perdió las tierras altas destinadas a que los animales pasten en verano, que pasaron a manos de una compañía alemana. Es una situación cada vez más frecuente: las tierras se venden, los nuevos dueños piden el desalojo, te sacan y alambran. Acá (por Buenos Aires) no llegan las noticias, pero nosotros estamos organizados en una lucha muy desigual”.
La crisis económica agregó un ingrediente extra a la situación, generando un éxodo de la población rural a las ciudades en busca de recursos para sobrevivir. La situación ayudó a que el mapa de la propiedad de la zona se modificase en favor de compradores extranjeros.
El reclamo de las comunidades se apoya en normas internacionales sancionadas en las últimas décadas en respuesta al fortalecimiento de las luchas del sector. El documento de mayor trascendencia es el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el derechode los pueblos originarios a practicar su cultura y a tener un territorio donde hacerlo.
Este convenio entró en vigencia en la Argentina en julio del 2001. La Constitución Nacional en su artículo 75 también se pronuncia en favor de “garantizar el respeto a la identidad” de los pueblos indígenas y la “posesión y propiedad comunitaria de las tierras”. La provincia de Chubut, finalmente, ha sancionado una batería de leyes favorables. El problema, plantean los mapuches, es que estas leyes no se cumplen.
Millán señala que en los últimos años se ha dado en la provincia un crecimiento de la organización mapuche, con ocupaciones de tierras y movilizaciones que han tenido más repercusión en los medios internacionales que en los locales. “Están viniendo periodistas de Europa a cubrir por ejemplo la lucha contra Benetton, que han desalojado y la gente vuelve, desalojan y la gente vuelve. En la zona donde nosotros vivimos está George Soros, tiene tierras Jeremy Irons, hay pistas de aviones en cada una de esas estancias, con cercos de seguridad y gente armada. No podés pasar a pescar, no podés pasar a contemplar los lagos ni los ríos. Una compañía holandesa llegó a ponerle una tranquera a un puente y no dejaba pasar a nadie. Lo que nosotros estamos diciendo es que necesitamos instalar el tema del remate de la Patagonia porque la gente no toma conciencia, dice ‘bueno, los mapuches van a ser desalojados, pasa a dos mil kilómetros de Buenos Aires, qué nos importa a nosotros’. Pero en realidad les va a ir afectando, porque vamos a perder los reservorios de agua potable y mañana, cuando quieran conocer el país a muchos lugares no los van a dejar entrar.”
Como parte de las actividades para oponerse al desembarco de la compañía minera Meridian Gold, los habitantes de Pillan Mahuiza invitaron a Esquel a trabajadores mineros peruanos, que difundieron en los barrios de Esquel documentales sobre los efectos de la extracción de oro con cianuro en la región de Cajamarca.
El tema de la mina y la falta de controles sobre el trabajo de las industrias extractivas es el segundo tema que buscará hacer visible la marcha contra el remate de la Patagonia. La movilización, señaló la referente mapuche, está en una etapa de convocatoria a todas las organizaciones sociales. Como convocantes de la protesta, se plantean sumar la mayor cantidad de sectores posibles bajo el único criterio de no partidizar el reclamo y cerrarlo con un acto que tenga como únicos oradores a representantes de las comunidades.