Un joven de 19 años que se encontraba hospitalizado, esposado a una camilla, incomunicado y con custodia permanente de la Policía Bonaerense, habría sufrido “una feroz golpiza”, tras ser sometido a una cirugía, en el Hospital Fiorito de Avellaneda, según denunció ayer la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop). El gremio aseguró que ahora “el joven se debate entre la vida y la muerte”. El chico estaba acusado de asaltar a un grupo de turistas de la localidad de San Pedro, entre quienes se encontraba un comisario de esa fuerza de seguridad, que le disparó. Después de la operación, profesionales del centro de salud detectaron que el joven tenía un hematoma en un ojo, posible consecuencia de un golpe, y graves lesiones internas en el abdomen.

“Por acción u omisión, la Policía Bonaerense aparece como la responsable directa del hecho”, señaló el sindicato en un comunicado. Jonathan Alí “tenía un proyectil alojado en la columna lumbar, por lo que fue trasladado desde San Pedro al Fiorito, donde se le realizó de forma exitosa una cirugía para extraer la bala”, explicó a Página/12 el secretario general de Cicop, Pablo Torres.

“Estaba evolucionando de forma positiva, por lo que se consideró su traslado al hospital de San Pedro, su lugar de origen”, pero el viernes pasado “los médicos detectaron un cuadro clínico completamente diferente, sin relación con el anterior”, agregó.

A primera vista, el joven presentaba un ojo hinchado con un importante hematoma. Luego, según Torres, “se descompensó clínicamente y tuvo que ser operado de urgencia. En dicha intervención se constató, entre otras lesiones internas, un estallido de duodeno”. Según los médicos, “todo lleva a pensar que el paciente fue sometido a una feroz golpiza mientras se recuperaba de la primera intervención”.

A partir de este hecho, Cicop reclama la conformación “urgente” de una comisión integrada por los órganos del Estado involucrados, organismos de derechos humanos y los gremios del sector para estudiar la atención de las personas privadas de su libertad en hospitales públicos. Los centros de salud no cuentan todavía “con el personal ni con la capacitación necesaria para asegurar condiciones de seguridad tanto para la persona detenida, como para el resto de los pacientes y profesionales de la salud”, argumentó Torres.

Por otro lado, la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), denunció que cuando el director del hospital informó a la Comisaría 1ª de Avellaneda sobre la golpiza, los oficiales, “para defender a sus colegas de fuerza, cajonearon el papel”. La familia reiteró la denuncia, esta vez por “torturas”, en el Polo Judicial de Avellaneda, que derivó la causa a la UFI Nº 3, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 9. Para Verdú, no es casual la relación entre los golpes y el hecho de que “el delito que le imputan afectó a personal policial”. El joven permanece en terapia intensiva.