La Justicia confirmó el procesamiento de todos los socios de Taringa!, la web argentina de intercambios de enlaces, en la causa penal que los investiga por violación de la ley de propiedad intelectual. De este modo, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió que Alberto Nakayama, socio de los hermanos Matías y Hernán Botbol en el site, debe también ser investigado judicialmente en tanto propietario de la empresa que ofrece la posibilidad de compartir y descargar archivos digitales, aun cuando esa circulación de contenidos no esté autorizada por su autor. La confirmación del procesamiento en el fuero penal, explicó a este diario el letrado que asesora a los imputados, “es la confirmación de que se los sigue investigando, cosa que esperábamos”. La medida judicial volvió a generar repercusiones en el ámbito universitario: ayer mismo, el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UBA, repudió “enérgicamente el procesamiento” y exige el “inmediato desprocesamiento por la causa Taringa!”.

La Sala VI, a cargo de Julio Marcelo Lucini y Mario Filozof, resolvió que Nakayama se encuentra judicialmente en idénticas condiciones que sus socios, los hermanos Botbol. En los tres casos, los responsables del sitio de intercambios serán juzgados, cuando termine la instrucción de la causa, por “facilitar los medios para que los usuarios pudieran compartir y descargar gratuitamente archivos que contenían obras sin las respectivas autorizaciones de sus autores”. Las imputaciones se originaron en la denuncia de Gradi S.A. y otras empresas editoriales, que adujeron encontrar vulnerado el inciso a del artículo 72 de la ley de propiedad intelectual porque archivos digitales de libros de su catálogo se encontraban disponibles gratuitamente online.

El procesamiento señala una sutileza a la hora de fundar la imputación: “no se determinó que efectivamente alguna persona hubiera ‘descargado’ los archivos que contenían las publicaciones ilegales”. Pero la Cámara entiende que “se comprobó que las obras fueron reproducidas indebidamente al ‘colgarlas’ en una página web sin los permisos pertinentes” por parte de usuarios registrados en Taringa! Por ello, la Justicia trabó un embargo de 130 mil pesos sobre el patrimonio de Nakayama, algo aún no efectivo.

Era “una medida esperable”, una “novedad en términos procesales pero no de fondo”, explicó a este diario Andrés San Juan, abogado de Lexar, el estudio especializado en derecho informático que acompaña a los fundadores de Taringa! en su defensa. “Esa confirmación del procesamiento de Nakayama es también la confirmación de que la Justicia sigue su investigación. Ahora entramos en etapa de clausura de la instrucción. Una vez que termine, la causa podrá ir a juicio, pero falta. No puedo precisar los tiempos, pero supongo que no será para este año.”

Aunque sus responsables se encuentran cuestionados judicialmente desde mayo de este año, la web Taringa! continúa funcionando. El sitio, informa el abogado San Juan, “está en la situación de siempre, la única cosa que hay es un procesamiento” sobre los hermanos Botbol y Nakayama. “¿Cómo ponerlo en términos ordinarios? Sería como decir que hay una suerte de sospecha de que ellos podrían haber cometido el delito que los denunciantes dicen que cometieron. Pero no pesa condena sobre ellos”, agrega. Tampoco sobre el site; por eso puede continuar online, al igual que continúa sus rutinas la comunidad de usuarios.

En la tarde de ayer, los responsables de Taringa! renovaron los argumentos de su defensa en un comunicado publicado en el mismo site. “Es el Estado el que tiene a cargo la persecución de los autores de delitos, y es también a los titulares de derechos de autor a quienes la ley les da herramientas para proteger sus obras. Como administradores de un sitio web, no podemos reemplazar a uno ni a otros, no podemos investigar el destino final de cada uno de los 20.000 post diarios que recibimos, escrutando la inmensidad de Internet, para determinar eventualmente sobre la licitud o ilicitud de lo que sea que allí encontremos.”

La confirmación del procesamiento no pasó desapercibida. “La ley de propiedad intelectual 11.723 es de 1933 y no contempla la realidad actual en lo que hace a las nuevas tecnologías, y es necesaria su modificación y la despenalización de la copia a través de Internet”, afirma el texto por el cual el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA repudia el procesamiento. El expediente 873723, aprobado ayer por unanimidad, advierte que “el procesamiento criminaliza prácticas socialmente aceptadas como el intercambio de contenidos a través de Internet”. La resolución sostiene que “Taringa! no se encarga de subir ningún tipo de contenido” y “sólo provee la plataforma” para intercambios entre los usuarios. Por ello, el Consejo decidió “repudiar enérgicamente el procesamiento” de los socios, “exigir su inmediato desprocesamiento” y “rechazar toda forma de persecución y criminalización de la difusión desinteresada y sin fines de lucro de material bibliográfico”.

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