Por Isabel Ferrer *
Desde La Haya

Kelly Molenaar, una niña holandesa de nueve años, padece una discapacidad calificada de profunda por los médicos. No habla ni anda, apenas ve ni oye, tiene los intestinos deformes, ha sido operada varias veces del corazón y llora sin descanso. Según los jueces, está en una situación lamentable porque nunca debió haber nacido así. Su “vida injusta”, un concepto no contemplado hasta ahora por los tribunales holandeses, podría haberse evitado con un aborto terapéutico ejercido libremente. Los padres advirtieron sin éxito a los médicos de la alteración congénita de cromosomas padecida por la familia. Una negligencia que, según la Corte de Apelación de La Haya, deberá subsanar ahora el hospital, indemnizando a la pequeña y a sus padres.
El tocólogo cometió un error inexcusable al no remitir a los padres, Marieke y Dennis –ama de casa y albañil–, a un centro de análisis genéticos cuando supo que tenían un sobrino carnal deficiente por culpa de una enfermedad hereditaria. Tampoco propuso una amniocentesis (extracción del líquido amniótico mediante punción) porque la madre, que había padecido dos abortos espontáneos, no tenía 35 años y fue luego madre de un hijo sano. Sin embargo, de haber sabido a tiempo que la nueva criatura sufría el defecto de cromosomas, la pareja habría optado por abortar. Según ellos, Kelly no debió haber nacido porque no deseaban un hijo deficiente y sin posible mejora. No se permitió a Marieke ejercer su derecho a decidir si continuaba con la gestación.
Antes de la sentencia de la Corte de Apelación, la pareja había ganado un primer juicio que les otorgó una compensación sólo a ellos y no a la niña. Ahora se añade el concepto de “vida injusta”, que convierte a los facultativos en responsables del sufrimiento derivado de un nacimiento así. Ello permite que Kelly se presente como principal sujeto perjudicado y reciba una compensación económica que cubra su manutención y cuidados hasta los 21 años. Sus padres podrán incluir en su propia reclamación los costos del tratamiento psiquiátrico precisado por la madre desde que la niña nació. Ambas sumas deberán ser abonadas por el Hospital Universitario de Leiden y el tocólogo de turno que atendió a los Molenaar, cuyo nombre no ha trascendido.
Aunque el monto de la indemnización no ha sido fijado, los abogados de la familia suponen que hospital y especialista apelarán. “En el primer juicio, el hospital adujo en su defensa que la pareja quería un hijo. Les contestamos que sí, pero no uno deficiente. Luego señalaron que pese a eso estaban operando a la niña del corazón. Una cosa es interrumpir un embarazo a tiempo y otra desentenderse de un niño enfermo cuando ha nacido”, dicen los letrados.

* De El País. Especial para Página/12.