El Ejecutivo porteño vetó ayer la ley sancionada quince días atrás en la Legislatura por la que se estableció suspender el cobro de peaje en la autopista Illia, al menos por 60 días. Tal como adelantó Página/12, el principal fundamento esgrimido por el gobierno porteño para decidir el veto es que la gratuidad implica que los gastos y las inversiones de la autopista “deberían ser afrontadas por la totalidad de los contribuyentes de la ciudad y eso constituye una violación de la justicia distributiva”. En tanto, desde la Legislatura ya habían anunciado que ante el veto insistirán con su aprobación.
La sanción de la ley no fue fácil y desató un debate con el gobierno de la ciudad, que desde el principio se opuso de plano al proyecto de pase libre. Según los argumentos del reciente decreto de veto, la gratuidad “constituiría un traspaso de los recursos del Estado de los sectores más humildes a aquellos que poseen bienes de considerable valor relativo”. La fundamentación contra la ley apunta a que “a la hora de sancionarse el proyecto en análisis no se tuvieron en cuenta los gastos operativos, de señalización, de seguridad vial, así como los seguros correspondientes, entre otros, el mantenimiento y conservación de la autopista”. Según las cifras oficiales, los costos mensuales de la autovía Illia rondan los 326 mil pesos. Sobre este número, el Ejecutivo porteño estima un incremento del tránsito que traería “erogaciones muy superiores a las existentes en la actualidad”.
La polémica en torno de la que era conocida como la autopista más cara del país comenzó un mes atrás. El 25 de febrero pasado, el gobierno porteño rescindió el contrato de concesión a la empresa Covimet y lo dejó en manos de AUSA, una compañía de mayoría accionaria oficialista. Pocos días después, el precio del peaje del trayecto que une la avenida Lugones con el extremo norte de la 9 de Julio bajó de un peso a 50 centavos, previo paso por una semana de costo cero. En esos días, el vicepresidente de la Legislatura porteña, el radical Cristian Caram, presentó el proyecto para que la autopista Illia fuera definitivamente gratuita, tal como sucede con la 9 de Julio sur, que conecta con Avellaneda.
Para el legislador, su propuesta está basada en “el sentido común”, que se complementa con el hecho de que AUSA “tiene un superávit de 8 millones de pesos anuales que le permiten encarar el mantenimiento de la Illia sin necesidad de cobrar peajes. Además, durante muchos años se estuvo cobrando un peaje que todo el mundo reconoce era excesivo, por lo que también hay una razón ligada al resarcimiento”.
Por último, la fundamentación del decreto firmado por el jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, señala que “la naturaleza jurídica de la tarifa del peaje constituye un precio que se paga por la utilización de un servicio que es prescindible por parte de los usuarios, toda vez que existen vías alternativas de acceso a los puntos que conecta” y que por lo tanto “no constituye un servicio indelegable de los denominados inherentes al Estado”.