Anoche, como expresión del apoyo de las asambleas barriales que han ido incorporando a su temario reclamos que exceden al “corralito”, un grupo de vecinos se reunió frente a la sede del Club All Boys, en Floresta, para acompañar a la familia de Florencia Möller Rombolá, la nena de 9 años que hace exactamente un año murió ahogada en la pileta de esa entidad deportiva. “¿Cómo sobrellevamos el dolor? Lo hacemos tratando de pensar que nuestra misión es ahora luchar por la vida y por la justicia.” Marisa Rombolá, mamá de Florencia, encabezó el acto donde se recordó el triste primer aniversario. “Hoy tendría diez años”, dijo la mamá, y ese simple dato cronológico ensombreció su rostro. El reclamo incluyó un escrache en la casa del presidente de All Boys, Roberto Bugallo, custodiada por barrabravas del club. En las asambleas barriales se están creando comisiones para pedir justicia “por las muertes que provocaron las privatizaciones”, aludiendo a una serie de actos de negligencia gravísimos ocurridos en los últimos años.
Florencia Möller murió ahogada en la pileta de All Boys, el día en que concurría a su cuarta clase práctica de natación. La entidad había contratado los servicios de la Red de Clubes Megatlón, una empresa privada cuyo presidente es Fernando Martín Storchi. La firma es responsable, o debería serlo, por la labor de los profesionales que están a cargo de los cursos de natación, desde los instructores hasta los guardavidas, pasando por el personal médico encargado de atender cualquier emergencia. El día que murió Florencia, las personas autorizadas eran la profesora María Privato y la única guardavidas –las ordenanzas establecen que en toda pileta debe haber un mínimo de dos–, Giselle Kamenetzky.
Tanto Privato como Kamenetzky están procesadas por homicidio culposo, un delito excarcelable, mientras que Storchi, el coordinador deportivo de Megatlón, Julio César Giraldi, y el presidente de All Boys fueron sobreseídos en primera instancia. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones de la Capital Federal revocó la medida y ordenó que se amplíe la investigación sobre la responsabilidad que les cabe. Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires recordó que la pileta de All Boys había sido inspeccionada el 7 de junio de 2000 y no cumplía con los requisitos para su habilitación.
Marisa Rombolá recordó que el 28 de noviembre de 2000 la Dirección de Habilitaciones del Gobierno porteño le había dado al club All Boys un plazo de 30 días hábiles para la compra de un equipo salvavidas, el señalamiento de la profundidad en cada sector y el cumplimiento de otros requisitos ineludibles. El plazo estaba vencido cuando Florencia murió y las normas seguían sin ser cumplidas. El abogado de la familia, el ex juez Juan Ramos Padilla, viene reclamando ante el juez Mariano Bergés que se disponga el procesamiento de Storchi, Giraldi y Bugallo por “homicidio por dolo eventual”, una figura equivalente al homicidio simple.
La marcha de ayer contó con el apoyo de la Interbarrial de Parque Centenario y las asambleas de vecinos de Floresta, Floresta-Monte Castro, Flores Norte, Parque Avellaneda, Villa Luro y Mataderos. En esas reuniones se viene analizando la posibilidad de crear una comisión interbarrial para seguir “los casos de homicidios ocurridos desde las privatizaciones, como resultado de negligencias graves cometidas por las empresas concesionarias y por la falta de control del Estado”. También se ha dado apoyo a la familia de Rodolfo Denegris, el hombre que murió en Villa del Parque al explotar una caja de la empresa Edesur. Podrían sumarse otros casos como la contaminación provocada por las torres de alta tensión en Ezeiza.