“Lo del CUD es todo muy lindo, pero cuando salís, te estrellás.” El CUD es el nombre con que conocen los presos al Centro Universitario de Devoto, por sus siglas. Quien cuenta a este cronista su experiencia sobre la salida y el impacto contra la realidad de la calle es Héctor Antonio Granados, de nacionalidad peruana. Detenido en 2003, cursó el secundario y la carrera de abogacía en Devoto. Ahora, con condena cumplida, teóricamente en igualdad de derechos al resto y apenas terminada su carrera de abogado en la Facultad de Derecho de la UBA, le niegan el título porque no tiene DNI. Migraciones se niega a dárselo con el antecedente de la condena, pese a que ya fue cumplida, y lo quieren deportar con lo que no le niegan la reinserción pero que sea en Perú. El caso llegó a la Corte, único argumento que lo retiene en el país.

Granados llegó de Lima en el ’90. “El DNI nunca lo tramité por dos motivos –explicó el abogado sin título a Página/12–: primero porque por esos tiempos, con la antigua Ley de Migraciones, era muy difícil, casi imposible, la obtención de la residencia argentina. Eran poquísimos los extranjeros que lograban obtener el DNI, por eso la proliferación por aquellos tiempos del trabajo en negro.” Un año después tuvo su primer hijo, Angel, ahora de 19, que tiene toda la intención de seguir diseño gráfico. Siempre como turista ocasional, sorteando trámites y vallados policiales, Granados tuvo otros dos hijos, Sofía, ahora de 15, que aspira a ser periodista, y Daniel, de 13, a quien le gustan los animales y por deducción pretende ser veterinario.

A mediados de 2002, en plena crisis económica, Granados fue detenido acusado por robo y llevado a la cárcel de Devoto. En 2004, después de un año y medio de estar alojado, ingresó al programa UBA XXII de extensión universitaria en las cárceles. “Frente al infierno de los pabellones, los ambientes del CUD son un remanso de paz, un oasis, por eso me inscribí en el CUD, también me motivaba un mejor conocimiento de mi causa penal, para así poder defenderme”, explicó Granados.

Para esa fecha recibió sentencia, cinco años. En 2006, cuando llevaba cuatro cumplidos, le concedieron la libertad condicional. Entonces siguió cursando en la Facultad de Derecho. “La vida no es como uno piensa y nadie te tiende una mano, nunca recibí ayuda de los organismos gubernamentales ni no gubernamentales, supuestamente encargados de la resocialización, es mentira aquello. Por eso con otros egresados del CUD pensamos agruparnos y formar un estudio donde se les recibiría para darles contención y trabajo, pero falta presupuesto, por ahora sólo es una idea dando vuelta. Es la pata que falta para completar el trabajo de la UBA. En el CUD es todo muy bonito, te esforzás, estudiás, pero cuando salís te estrellás.”

Y Granados se estrelló. “Un año duré en la calle”, explica. Durante ese tiempo, durante la mañana cursaba y por la tarde seguía robando. Con una consistencia obsesiva, lo único que no abandonó fue la carrera de abogado. Rindió seis materias hasta que cayó detenido nuevamente. Esta vez, le sumaron la condicional y la nueva condena. Hasta 2009, volvió a los pabellones de Devoto donde, otra vez en el CUD, siguió cursando la carrera. Ese año se le dio por cumplida la condena y salió en libertad. Volvió a cursar entonces en Figueroa Alcorta.

A fin del primer cuatrimestre de este año, Héctor Granados terminó de cursar abogacía pero le niegan el título porque no tiene DNI. Curiosidades de la burocracia. Estuvo registrado por el Estado desde las uñas de sus pies hasta el último cabello de su cabeza durante siete años. Cursó toda la carrera de Derecho sin documentación. Y ahora que quiere el título no saben quién es. La Facultad alega el requerimiento del DNI y Migraciones no se lo da porque entró ilegal y tuvo una condena. Y lo quieren deportar. Granados inició un recurso de amparo en febrero de 2010 en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 7, a cargo de María Cristina Carrión. La jueza rechazó el amparo. Apeló y la Sala III de la Cámara de Apelaciones también rechazó. El 11 de abril, su recurso de queja inició su trámite ante la Corte Suprema. Tres jueces, Argibay, Petracchi y Maqueda le dieron el voto positivo. Y pasó a la Procuración. Granados espera el dictamen. Una cuestión de derecho.

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