Siete familias acampan frente a un hotel, en el barrio de Constitución, donde vivían hasta el martes. Ese día, los inquilinos, que mantienen un litigio judicial con el propietario del hotel, ubicado en el primer piso del edificio, debieron abandonar la planta por 48 horas, tras el incendio de dos habitaciones en circunstancias dudosas. Sin embargo, pasado ese plazo, la policía apostada en la entrada del lugar no los dejó pasar por “peligro de derrumbe”. Los vecinos aseguran que no existe ese riesgo, sino que se trata de una estrategia del dueño del lugar para desalojarlos. “Lo llamativo es que si existe la posibilidad de derrumbe no se hayan evacuado también la planta baja, el segundo y el tercer piso”, señaló el abogado de los damnificados, Gustavo Pons.

En el pasaje Sastre, ubicado entre las calles Pedro Echagüe y 15 de Noviembre, a media cuadra de la estación de trenes Constitución, José soportaba ayer el calor de la tarde sobre un colchón pelado tirado sobre la vereda. A su alrededor los vecinos compartían el mate colectivo, mientras esquivaban los correteos de los más chiquitos. Entre ellos, Lidia López fue una de las más afectadas. El mediodía del martes pasado, el altillo del hotel donde vivía con su marido, su hermana y los dos hijos de ella quedó destruido por el fuego.

“Fue ‘El Truji’”, asegura. Se refiere al cuñado de uno de los inquilinos, el que ocupaba la pieza en que se inició el incendio, y amigo de Roberto Lorenzo, dueño del piso en que funcionaba el hotel. Algunos vecinos los habían escuchado discutir la noche del lunes. El Truji lo había amenazado con “prenderlo fuego vivo”, afirma Evelyn Torres, otra inquilina.

En el incendio fueron afectadas dos habitaciones, de las siete que tenía el hotel. “Los bomberos voluntarios dijeron que esperáramos 48 horas para volver a entrar, para esperar que escurriera el agua que habían tirado. Tenía que venir un ingeniero del Gobierno de la ciudad para corroborar que estuviera todo bien, pero no vino nadie, y luego cuando cortamos la calle el viernes pasado nos vinieron a decir que no podíamos entrar por peligro de derrumbe”, cuenta Lidia. Según los vecinos, tampoco la Fiscalía a cargo de la causa ni Defensa Civil se hicieron presentes.

Para José Pereyra, el incendio “es un fraude”, ya que “en vez de esperar a la semana que viene, que íbamos a tener la reunión de mediación (en el juicio de desalojo impulsado por Lorenzo), mandó a la comisaría 16ª, que son amigos suyos, a que desalojaran”. Desde entonces, asegura, no recibieron ninguna ayuda, salvo la de la organización social Movimiento Popular Latinoamérica.

Según la subcomisaria Laura Santiago, de la seccional 16ª, “hubo un pedido de la Ciudad para vigilar la entrada al lugar por (necesidad de) apuntalamiento”. Entonces, “los efectivos que están en el puesto de vigilancia sobre la calle Salta miran de paso que no haya problemas en el edificio”. Sin embargo, los inquilinos aseguran que “la policía está apostada adentro del edificio”. Evelyn Torres, otra vecina, recuerda que antes del incendio, dos oficiales de la misma comisaría se presentaron junto a Lorenzo, “diciendo que teníamos que desalojar el lugar”. “Pero ni bien le pedimos que nos mostrara la orden, pusieron una excusa y se fueron.”

Pons explica a este diario que “de la comisaría se limitan a confirmar que está clausurado el acceso al hotel, no por una orden judicial, sino por una disposición del Gobierno de la Ciudad por peligro de derrumbe”. “La sensación que nos queda a todos es que lo que se ha buscado es mantener afuera a estas familias, víctimas de la crisis habitacional, obviando el proceso judicial en curso”, expresa.

Informe: Rocío Magnani.