Los gremios docentes comenzaron ayer su vigilia con vistas al tratamiento, previsto para mañana, del proyecto que modifica de raíz el sistema de designaciones y ascensos de maestros y profesores. Los trabajadores nucleados en UTE-Ctera instalaron ayer una carpa frente a la Legislatura y convocaron para mañana a un paro de 24 horas, el quinto desde que se inició el conflicto. En tanto, el sindicato Ademys inicia hoy un cese de actividades por 48 horas. Los gremios se oponen al proyecto macrista que elimina las Juntas de Clasificación, organismos encargados hasta ahora de los concursos para las designaciones y ascensos, y le asigna esa responsabilidad a un organismo dependiente del Ministerio de Educación. Ese proyecto no tiene mayoría –solo es respaldado por los 24 diputados del PRO– como tampoco la tiene el que propone su archivo, impulsado por el Frente para la Victoria, Proyecto Sur, el ibarrismo y Nuevo Encuentro. En ese contexto, podría prosperar un tercer proyecto, impulsado por la Coalición Cívica, que reduce la cantidad de juntas y restringe sus funciones, y hasta una cuarta iniciativa, sostenida por el peronista Diego Kravetz.

La carpa fue desplegada ayer al mediodía en la esquina de Perú y Diagonal Sur, donde los docentes de UTE-Ctera aguantaron el chaparrón de ayer a la tarde y se disponían a permanecer “en defensa del Estatuto del Docente” hasta mañana, cuando se trate el proyecto, aseguró el sindicato en un comunicado. “Ante la constante negativa del Ejecutivo de buscar el consenso a través del debate en las escuelas durante diciembre y febrero, UTE-Ctera convoca a paro con movilización para el jueves”, agrega la nota. Actualmente, las Juntas están integradas por nueve miembros cada una, seis en representación de los docentes, elegidos por los propios trabajadores mediante el voto directo en elecciones cada dos años, y tres del Ejecutivo.

El proyecto del oficialismo fue presentado por los diputados Victoria Morales Gorleri y Enzo Pagani. Propone la eliminación de las 14 Juntas de Clasificación, prevista en el Estatuto del Docente, y las reemplaza por una Oficina Unica de Clasificación Docente, dependiente el Poder Ejecutivo, y una única junta fiscalizadora, elegida por los docentes. Esta “oficina”, que tendría a su cargo “la inscripción, clasificación, concurso y designación de los aspirantes a titulares a los cargos docentes”, estará integrada por funcionarios designados por el Ministerio de Educación.

El PRO argumenta que “debe ser el Ejecutivo y no los gremios docentes el que debe velar por las políticas educativas”, según dijo Morales Gorleri a Página/12. La legisladora, titular de la Comisión de Educación, sostiene que la clasificación en manos de los docentes puede dar lugar a “arbitrariedades”. “Si el sistema hubiera funcionado bien, no hubiera surgido el debate, pero desde hace años se están titularizando miles de docentes por ley, ya que no hay concursos para educación media”, reprocha la diputada.

Los legisladores que proponen archivar ese proyecto replican que con las modificaciones propuestas por el macrismo, el Ejecutivo va a designar “a dedo” a los docentes y también sostienen que podría haber “arbitrariedades”. “Este debate lo tenían que dar los docentes en las escuelas, como se hizo cuando se sancionó el Estatuto del Docente”, dijo a Página/12 la diputada Laura García Tuñón (Proyecto Sur). El mismo criterio sostienen los legisladores de extracción docente, Francisco Nenna, María Elena Naddeo y Delia Bisutti.

El proyecto que presentó el diputado Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) le otorga la tarea de clasificación a un organismo del Ejecutivo con control parlamentario, reduce la cantidad de juntas de catorce a siete y les otorga la función de “fiscalizar y elevar el listado de clasificación al ministro”, según explicó el propio legislador a este diario.

Los tres proyectos tienen dictamen de comisión. Como el del PRO es el de mayoría, será el primero que se someta a votación. Si no alcanza los votos necesarios, se pondrá a consideración el que propone el archivo. Si éste tampoco reúne el número necesario, será el turno del proyecto de Abrevaya, que podría recibir el apoyo del PRO y convertirse en ley. Otra opción es que el macrismo ponga sobre la mesa, de entrada, este proyecto o el de Kravetz, que hasta ayer no había sido presentado, pero circulaba por todas las oficinas de la Legislatura. “Como el archivo no va a reunir los 31 votos, hice un proyecto que propone una reducción en la cantidad de juntas pero conserva sus atribuciones”, defendió Kravetz su iniciativa en diálogo con este diario.