Diez meses le llevó a la Justicia descubrir que el suicidio de Guillermo Garrido, en una celda de la comisaría de El Bolsón, en realidad había sido un homicidio policial. No fue la Justicia de Río Negro la que descubrió el crimen, sino un equipo de peritos expertos de la Procuración bonaerense que intervino a pedido de la Procuración rionegrina. El informe del equipo de expertos –al que tuvo acceso Página/12– cuestiona los groseros fallos de la primera autopsia realizada por forenses locales y sostuvo que Garrido había recibido un golpe en la nuca con un objeto duro y romo. La causa había sido archivada como suicidio por el juez Ricardo Calcagno.

La familia, representada por la abogada Marina Schifrin, recién pudo ver fotocopias del expediente tres meses después, cuando ya Calcagno lo había archivado, y por intervención de la Cámara del Crimen, porque el juez les negaba la posibilidad. Y sólo en julio pudieron desarchivar el expediente, también por orden de la Cámara. A partir de allí la jefa de los fiscales, Liliana Piccinini, pidió nuevos peritajes y reautopsias y mediante un convenio convocó a los expertos de la Procuración bonaerense.

La procuradora María del Carmen Falbo envió un equipo encabezado por la perito forense Virginia Creimer, quien descubrió en tres días, sin colaboración local y sin más posibilidades que los huesos pelados del esqueleto de la víctima, todo lo que los peritos locales se habían negado a ver y los policías rionegrinos se habían visto obligados a ocultar: un golpe en el hueso occipital, por encima de la nuca, de 3 por 2 centímetros, con una posible mancha hemática, “compatible con golpe o choque con o contra superficie dura y roma”, señal invariable e indefectible del paso de un palito de abollar ideologías y cráneos. El informe señala que la marca del golpe implica que fue dado con fuerza suficiente como para “provocar una anestesia previa de Brouardel”, denominación forense que en lenguaje coloquial significa que lo durmieron de un golpe en la nuca. También en términos forenses, la anestesia de Brouardel es la que precede al suicidio por mano ajena, preferentemente policial si se produjo en una comisaría.

En el informe, Creimer reconstruyó el perfil psicológico de Garrido y la definición que obtuvo la llevó a desestimar la posibilidad del suicidio: mantenía “buena relación con los miembros de su familia”; “afianzada relación de pareja”; “proyectaba ser padre”; “esperaba con expectativas el cumpleaños de su mujer (que sería al jueves siguiente de su último día de vida) y ya había acordado cuál sería el regalo”; tenía “buenas relaciones con sus compañeros de estudio y laborales”. Creimer agrega: “Otros dos puntos que me parecen importantes para desestimar en este caso el riesgo suicida son la obtención reciente del puesto de trabajo en el supermercado y la evaluación médica que tuvo momentos antes a su muerte” (en el informe del hospital, la médica que lo atendió “no encontró un sujeto descompensado ni en situación de riesgo”).

El informe de los peritos bonaerenses es durísimo con el perito rionegrino que intervino en la autopsia de Garrido. Sostiene que “no fue (una autopsia) metódica completa”, que “llamativamente” no analizó el “surco de ahorcadura”, “no se realizaron exámenes complementarios radiológicos, anatomopatológicos y toxicológicos”; “no se analizaron huellas ni rastros en el cinturón ni su resistencia mecánica a la tracción y estiramiento para soportar el peso de una persona como Garrido sin romperse”. Sin posibilidad de analizar el surco de ahorcamiento ni huellas en la musculatura porque sólo quedaban los huesos, el equipo de Creimer analizó las vértebras cervicales, y halló rastros en la apófisis de la segunda vértebra compatibles con marcas de ahorcadura.

Para colmo, el informe señala la notoria “ausencia del cinturón del cual pendía presuntamente la víctima”; que desde la altura de la que se habría colgado Garrido según la policía, hubiera quedaba apoyado en el piso con los pies; que según la policía Garrido había sido llevado a un baño externo a la celda (media hora antes de aparecer muerto) cuando en la celda hay letrina.

Y como si fuera poco, el día en que el equipo de la Procuración bonaerense convocó a los policías que habían estado de guardia esa noche, éstos se negaron a concurrir. Fueron citados por orden de Calcagno, quien adoptó una medida sugerente para obligarlos a asistir. Imputó a los diez que estaban en la mira, con lo que como imputados no están obligados a decir la verdad, más allá de que la imputación sea de mentirita: los imputó pero no especificó de qué los imputaba.

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