Las legislaciones de Argentina y Uruguay garantizan la igualdad educativa y limitan la mercantilización de la enseñanza, mientras que Chile es débil en inclusión y gratuidad. Así lo indica un estudio de la Unesco, dirigido por Vernor Muñoz. Las normativas rioplatenses “son explícitas en restringir toda posibilidad de mercantilizar”. Y la Constitución argentina establece una “mayor responsabilidad” del Estado. La chilena, en cambio, destaca el derecho de los padres de educar a sus hijos, “en desmedro del rol del Estado, que debiera ser garante de ese derecho”.