SOCIEDAD › OPINIóN
› Por Aníbal IBarra
El Club Comunicaciones está en un proceso de quiebra desde hace diez años. El futuro del club quedó en manos de la Justicia, que busca que cobren los acreedores. Como se trata de una institución deportiva, es aplicable la ley 25.284 (Fideicomiso para Entidades Deportivas), cuyo objeto es lograr que los clubes, por su importancia social, puedan continuar con sus actividades y no sean tratados como una sociedad anónima que sólo busca un rédito económico.
Un grupo importante de socios, vecinos y empleados del club se reunieron y trabajaron para tratar de achicar la deuda y conseguir que al final los acreedores sean satisfechos en sus reclamos y el club pueda continuar con sus actividades en forma regular. De esa manera, se cumpliría con la Ley de Quiebras y la de Entidades Deportivas y el Club Comunicaciones seguiría abierto a la sociedad y conducido por sus socios.
En el año 2008 presenté junto a otros diputados un proyecto de condonación de la deuda de ABL a fin de que la deuda se redujera y la salida financiera estuviera más cerca, con la condición de que el Club Comunicaciones siguiera realizando sus actividades deportivas y educativas. Ese proyecto se transformó en ley y significó una reducción del pasivo de Comunicaciones en cuatro millones de pesos.
Era de esperar que desde el sector privado se mirara la situación del Club como una oportunidad interesante. Dieciocho hectáreas en plena ciudad de Buenos Aires son apetecibles para muchos, sobre todo si para quedarse con ellas sólo se necesita saldar la deuda con los acreedores.
Esa deuda es de 12 millones de pesos, por lo que lo que la Mutual de Camioneros ofreció esa suma para quedarse con las 18 hectáreas, agregando inversiones para mejorar el predio (es como comprar un departamento muy barato y decir que luego de adquirirlo uno va a invertir en mejorarlo).
La propuesta realizada por la Ciudad, a partir de leyes logradas por consenso, contempla que el gobierno pague la totalidad de la deuda a los acreedores y se quede con la propiedad de las 18 hectáreas, las que luego entregará en comodato a los socios para que las administren, con excepción de hasta seis hectáreas que deben utilizarse para la construcción de un estadio multipropósito.
Esa propuesta tuvo el apoyo de todos los socios de Comunicaciones y fue presentada ante el juez sintetizando los objetivos buscados por las leyes de quiebras y de entidades deportivas: que cobren los acreedores y que siga en funcionamiento el Club. Por el contrario, la propuesta de la Mutual significa que la entidad pase a manos de sus asociados –no de los socios de Comunicaciones– y no contempla el pago del ABL condonado por la Ciudad bajo la condición de que Comunicaciones siga siendo Comunicaciones.
Oficialismo y oposición coincidieron en concurrir a la quiebra de un club, pagar a los acreedores, afectar un sector a un destino público y dejar a Comunicaciones en manos de los socios. La resolución del juez desatiende esta realidad para favorecer al privado, por lo que habría que buscar la explicación en otro lado y no en argumentos judiciales, sociales o deportivos.
* Legislador.
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