El Instituto Nacional Contra la Discriminación (Inadi) dictaminó que es “discriminatorio” el fallo de una sala del Tribunal de Casación Penal bonaerense que redujo la condena por corrupción de menores a un pastor evangélico al sostener que el nivel social de las víctimas propiciaba el tener relaciones sexuales desde edades muy bajas.

Además, el Inadi giró el expediente al Consejo de la Magistratura de la provincial a fin de que se analice si corresponde alguna medida contra los jueces de la Sala I de Casación provincial que emitieron ese fallo en marzo último.

La intervención del Inadi se originó en la presentación realizada por el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Raúl Pérez, luego de que el fallo de la Sala I redujera a la mitad la pena impuesta en primera instancia al pastor Domingo Francisco Avalos, de 59 años, y ordenara su excarcelación. El Inadi, en su dictamen, expresó que “la sentencia dictada por la Sala I de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires es discriminatoria en los términos de la ley 23.592, normas complementarias y concordantes, en relación con los argumentos esgrimidos para absolver al imputado del delito de corrupción de menores”.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal IV de Morón absolvieron a Avalos –quien abusó sexualmente de dos niñas– respecto de los delitos de corrupción de menores de edad, calificado por intimidación, y le redujeron la pena de 18 años a nueve años y seis meses de prisión, argumentando que las menores pertenecían a una clase social que aceptaba las relaciones sexuales a temprana edad y que, además, libremente habrían prestado su consentimiento.

Al recurrir al Inadi, el 7 de abril de 2011, el diputado Raúl Pérez fundamentó que hubo una “clara discriminación, como sujeto de delito, en su condición de mujeres y además menores”. Tras dictaminar que el fallo era discriminatorio, el Inadi recomendó “la notificación del presente dictamen al Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires”. El legislador Pérez, además de presentarse ante el Inadi, denunció a ambos magistrados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a los fines de que se investigue si los jueces citados cometieron mal desempeño en sus funciones.

Pérez consideró que el fallo de la Sala I implicaba un “razonamiento perverso”, ya que “la mención del nivel social alude a grupos en desventaja”. “El fallo podía resultar un grave antecedente porque las mujeres y niñas que hayan nacido en grupos desfavorecidos tendrán una nueva desigualdad: nadie las protegerá de un adulto que las quiera corromper”, explicitó Pérez.