El macrismo no pudo imponer anoche su proyecto para prohibir la actividad de los cuidacoches en toda la ciudad de Buenos Aires porque la oposición logró imponer una iniciativa para regular la actividad mediante la creación de un registro. La norma fue aprobada en una sesión en la que se debatieron numerosos temas vinculados con el uso del espacio público, como el de los vendedores ambulantes, en el que el PRO lograba, al cierre de esta edición, el apoyo de legisladores de diversos bloques de la oposición para prohibir la actividad de los manteros en la calle Florida (ver aparte).

El proyecto que crea el Registro de Cuidadores de Vehículos fue aprobado por 31 votos, los estrictamente necesarios para su sanción, ya que uno de sus artículos modifica el Código Contravencional: sanciona con multa a quienes ejerzan la actividad sin estar autorizados, agrava las penas para los que formen parte de organizaciones y extiende la responsabilidad a las autoridades policiales y organizadores de espectáculos que toleren la actividad, como partícipes necesarios de la contravención.

De esa manera, naufragó el proyecto que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, envió el año pasado a la Legislatura. Ese proyecto prohibía la actividad de los cuidacoches y los limpiavidrios, a quienes les imponían penas de multa y arresto. La iniciativa consensuada fue apoyada por los bloques de Proyecto Sur, Nuevo Encuentro, el Frente para la Victoria, la UCR, el PJ y la Coalición Cívica y fue rechazada por los diputados del PRO, los denarvaístas y Encuentro Progresista.

La ley aprobada, que debe ser reglamentada por el Ejecutivo, establece que el registro de cuidacoches funcionará en el ámbito del Ministerio de Espacio Público. Será esta autoridad de aplicación la que deberá otorgar el horario y zona de trabajo, así como suministrar la indumentaria y la credencial que los identifiquen. La norma establece expresamente que la retribución que perciba el cuidador debe ser de carácter voluntario.

Los permisos se otorgarán por dos años a personas mayores de 18 años “con ingresos insuficientes para la atención de sus propias necesidades y las de su grupo familiar”, con prioridad para los “adultos mayores, los que padezcan una discapacidad física o tengan a su cargo una persona discapacitada y los que integren familias numerosas”.

“El jefe de Gobierno nos quiere hacer creer que los culpables de los delitos no son las organizaciones mafiosas, sino las personas sin recursos, los sectores más vulnerables”, dijo el diputado Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro), responsable de presentar el proyecto consensuado. No obstante, el legislador aclaró: “Nos preocupa la existencia de organizaciones que exigen dinero con el consentimiento de las fuerzas de seguridad”.

El encargado de defender el proyecto macrista fue el presidente de la Comisión de Justicia, Martín Ocampo, quien vaticinó que la propuesta de la oposición “va a crear conflictos, que pueden ser violentos, entre las personas autorizadas en el registro y los que vienen desarrollando esta actividad”.

Luego, la diputada Gabriela Alegre (Encuentro Popular para la Victoria) comparó la propuesta con los registros de cuidadores de vehículos que se implementan en las ciudades de Montevideo o de San Pablo. Y Aníbal Ibarra (Frente Progresista y Popular) calificó la intención del oficialismo de “ilusionismo penal” porque “pretende solucionar con una ley lo que no pudieron resolver a través de la gestión”.

El diputado Helio Rebot (PRO) dijo que el proyecto opositor no atiende el problema de las mafias que actúan en la organización de los estacionamientos en partidos de fútbol y recitales. “Nadie se atreve a meterse en la zona aledaña a los estadios”, afirmó. Lo dijo en referencia a los cuidacoches que no pertenecen a una organización, pero le dio pie al diputado Fernando Sánchez (Coalición Cívica) para afirmar que “el problema es que ni la policía ni los fiscales ni los inspectores de la ciudad se meten en esas zonas”.

La ley define a la actividad de cuidadores “a la desarrollada por los encargados de controlar el estacionamiento de vehículos automotores en la vía pública en los espacios que determine el Gobierno de la Ciudad, a propuesta de las Comunas”. Contempla penas de trabajo de utilidad pública o multas para quienes ejerzan la actividad de cuidado de vehículos en el espacio público sin autorización legal y un agravamiento del castigo en los casos en que se “exigiera retribución o cuando exista previa organización”.

Al respecto, el legislador Rafael Gentili sostuvo que la norma aprobada “es una clara muestra de la oposición para solucionar los problemas de la ciudad sin penar las actividades que llevan adelante las personas más carenciadas”. Su par Julio Raffo explicó que la regulación “se diferencia de la iniciativa del macrismo por proponer la inclusión de los desocupados que han buscado en esa actividad una vía de ingresos, en lugar de la idea del oficialismo de penalizarlos, sin dar respuesta al problema”.