La Justicia de Chubut inició esta semana el juicio oral y público contra el dirigente de una comunidad mapuche por la presunta “usurpación” de tierras que los pobladores originarios reivindican como propias, ya que viven allí desde hace más de un siglo. El juicio contra Carlos Antileo, longko (autoridad ancestral) de la comunidad, cumplió esta semana con el relato de testigos convocados por la querella y la defensa, y está previsto que se extienda hasta el lunes, cuando será el turno de los alegatos. A partir de ese momento, el juez tendrá un mínimo de tres días para dictar su fallo.

La causa contra el cacique mapuche surgió en el año 2009, a partir de una denuncia presentada por Tomás Malerba –ex juez de Menores de la ciudad de Sarmiento–, quien acusa a Antileo y a una familia de la comunidad de “ocupar un lote que le corresponde, por una sucesión de derechos hereditarios, sobre esas tierras”, ubicadas en la localidad chubutense de Sarmiento.

Tras la acusación, se dispuso que “Antileo retirara en el término de 10 días todos sus animales vacunos, yeguarizos o lanares de su propiedad, así como cualquier elemento de su posesión del lote 70, parte sur, perteneciente a la sucesión de Ana Susana Van der Merwe (madre del demandante); quitar el candado colocado en el galpón ubicado en dicho lote y abstenerse de ingresar al mismo”. Según datos aportados por la investigación, Antileo “incumplió” con el pedido, y el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de Sarmiento inició la investigación y posterior juicio oral contra el acusado.

Anastasio Antileo, vocero de la comunidad e hijo del imputado, expresó que “nunca usurparon” esos terrenos y que la familia “vive hace cientos de años en el lugar”. Asimismo, señaló que “se plantarán para defender el territorio y el lote ocupado por la familia Jaramillo”, quienes son integrantes de la comunidad Jacinto Antileu.

El dirigente mapuche aseguró a Página/12 que quienes los tildan de “usurpadores” tienen una cosmovisión diferente sobre la tierra, es decir, ellos la ven como “un bien negociable”, mientras que para la comunidad indígena “es algo integral, un estilo de vida”. “Está claro que aquí hay un problema de entendimiento”, aseveró Antileo.

“La Justicia de Chubut no entiende, ni le interesa entender, ni respetar nuestra forma de vida y están empecinados en hostigar y aplicar algún tipo de castigo a nuestro longko, para quedarse con nuestro territorio”, agregó el vocero mapuche.

Asimismo, desde la comunidad Jacinto Antileu plantean que “no se cumple con la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial” –sancionada en 2007–, que establece la emergencia en materia de posesión, relevamiento y propiedad de tierras, que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país. La norma “impide adoptar decisiones que impliquen todo acto de despojo, desapoderamiento y juicio contra los pueblos originarios, hasta finales de 2013”. Sin embargo, esto “no fue considerado por la Justicia, que no tuvo en cuenta el estudio histórico antropológico que fundamenta nuestra situación territorial actual”, comentó el comunicador.

Además, el coordinador del área de Comunicación de “Trauleim to kom” –confederación que engloba a las comunidades mapuche y tehuelche–, Carlos Catrileo, sostuvo a este diario que existe “una marcada burocracia de las autoridades provinciales hacia las pueblos originarios”. “Hay un enorme de-sentendimiento hacia los problemas que sufren los aborígenes”, opinó.

Informe: Sabrina Améndola.