La despenalización del aborto avanza en Uruguay. Tras un intenso debate que se extendió durante nueve horas, el Senado dio media sanción al proyecto de ley que establece la obligatoriedad de la práctica en todos los centros de salud públicos y privados hasta la semana número doce de gestación. La iniciativa busca incluir en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva aprobada en 2008 el capítulo sobre la interrupción voluntaria del embarazo que vetó el ex presidente Tabaré Vázquez. José “Pepe” Mujica, actual mandatario, adelantó que no rechazará la promulgación del proyecto de ley, que fue impulsado desde las filas de su partido, Frente Amplio, y cuenta con el apoyo para conseguir la sanción el año próximo en la Cámara de Diputados.

El proyecto fue aprobado por el voto de 17 de los 31 legisladores presentes, con el respaldo de toda la bancada del oficialista Frente Amplio y un voto de un legislador del opositor Partido Nacional. “La ley vigente es ineficaz, discriminatoria e injusta porque algunas pueden llevar adelante sus decisiones y otras no”, afirmó la senadora Mónica Xavier, una de las autoras del proyecto. “Es la oportunidad de que esta Legislatura subsane el vacío legal”, a través del proyecto de ley, que “es tan necesario desde el punto de vista de la consagración de la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo”. En la actualidad, las mujeres que abortan pueden recibir penas de entre 3 y 9 meses de prisión, y los profesionales que realizan el procedimiento, de 6 a 24 meses.

A pesar de esa prohibición, los datos oficiales indican que unas 30 mil mujeres abortan por año, aunque organizaciones no gubernamentales señalan que la cifra real podría doblar ese número. Además, encuestas recientes arrojaron que el 63 por ciento de los uruguayos está a favor de una ley que despenalice el aborto. “Es necesario adecuar la ley a la realidad. La interrupción del embarazo, hoy, no es considerada por los operadores involucrados como una transgresión, sean la Justicia, la policía o los médicos”, explicó Xavier a Página/12.

Mientras en Argentina las complicaciones por aborto inseguro son la principal causa de mortandad materna, Uruguay aplica hace años las consejerías pre y post aborto, como estrategia de reducción de riesgos y daños para evitar que las mujeres se mueran o tengan secuelas en su salud por practicarse abortos clandestinos. Si enfrentan un embarazo que no quieren proseguir, se les habla en el marco de la consulta médica sobre los métodos más seguros para interrumpirlos, como el uso de la droga misoprostol, y se las advierte sobre los riesgos de caer en técnicas precarias. Luego, se las atiende para que no sufran hemorragias ni infecciones.

Según establece el texto del proyecto de ley, para ejercer el derecho al aborto “bastará que la mujer alegue ante el médico circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción; situaciones de penuria económica; sociales; familiares o etarias, que a su criterio le impidan continuar con el embarazo en curso”. Todas las instituciones sanitarias del país estarán obligadas a practicar abortos a las mujeres –que sean mayores de edad y tengan más de 24 meses de residencia en el país– que lo soliciten, aunque reconoce el derecho de los médicos –no así los centros de salud– a negarse a hacerlo sin que sean sancionados por ello.

Fuera del plazo establecido por la ley, podrán acceder a la realización del procedimiento las embarazadas producto de una violación con denuncia judicial, aquellas para las que la gestación ponga en riesgo su salud y si existieran malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina. Los médicos deberán dejar constancia en la historia clínica de las pacientes a las que se les ha practicado un aborto.

El legislador del Frente Amplio José Luis Gallo Imperiale, presidente de la Comisión de Salud, declaró a principios de mes que en el partido, de amplia mayoría en la Legislatura, están asegurados todos los votos para la aprobación. Para el senador “es imperativo legislar en esa materia, por razones de salud poblacional y de políticas sanitarias, porque la legislación que criminaliza el aborto y no lo elimina de la práctica social genera profundos daños a las mujeres que deben enfrentar dicha intervención en condición de clandestinidad”.

Mientras el debate se extendía en el recinto, cientos de manifestantes pro aborto y conservadores se manifestaron en las puertas del Parlamento. Uruguay es un Estado laico. “Para la religión la interrupción del embarazo puede ser un pecado. Pero para el Estado no puede ser igual pecado a delito. No somos censores morales, somos legisladores, por suerte en una sociedad diversa. Necesitamos el reconocimiento de la diversidad de esa sociedad para hacer la norma más equitativa”, exhortó Xavier. Insistió, además, en que el proyecto busca desarrollar la educación y la formación sexual.

En 2008, Tabaré Vázquez vetó “por razones filosóficas y biológicas” el capítulo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que incluía la despenalización del aborto, a pesar de que casi todo su bloque de legisladores, Partido Socialista, había votado a favor. Mujica, no obstante, declara desde la época de su campaña electoral en 2009 que, como presidente, no se opondrá a una eventual ley que surja desde el Poder Legislativo e incluya la despenalización del aborto. El proyecto será tratado a partir de marzo de 2012 en la Cámara de Diputados uruguaya. La senadora Xavier opinó que “para algunos países este debate podría resultar inspirador”.

Informe: Rocío Magnani.