Pudo haber sido una promesa más de campaña, pero ayer se convirtió en realidad. Tal como había pedido la familia de Luciano Arruga, ayer fue cerrado el destacamento policial de Lomas del Mirador, donde fue visto por última vez este joven que permanece desaparecido desde el 31 de enero de 2009. En un sencillo acto, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, anunció la creación del Espacio para la memoria social y cultural Luciano Arruga donde funcionaba una unidad de la Policía Bonaerense, nacido al calor del reclamo de mano dura de un sector de vecinos de esa localidad. Por su parte, la familia anunció que el 28 de enero abrirá allí un centro barrial para seguir dando apoyo escolar, asistencia legal y otras actividades vinculadas con los derechos humanos. “Para la causa de Luciano es un hecho político, si no quieren aceptar que desapareció al menos sospechen que algo ocurrió en este lugar porque si no no lo hubieran cerrado”, dijo su hermana, Vanesa Orieta. En rigor, el subdestacamento será trasladado al barrio Monte Dorrego.

El intendente Espinoza había prometido cerrarlo cuando hubiera algún procesado en la causa judicial que investiga la desaparición del joven de 16 años. Le explicaron que había dos uniformados procesados por encubrimiento en una causa paralela abierta a partir de los testimonios del caso Arruga, y a fines de mayo el funcionario se comprometió públicamente a cumplir con lo que les había anticipado. Pasaron los meses y como las palabras no se transformaban en hechos, los familiares, amigos y organizaciones que vienen acompañando el reclamo de aparición con vida de Luciano hicieron un acampe frente al municipio de La Matanza, que contó con el apoyo del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel e Hijos zona oeste. A partir de entonces se armó una mesa de diálogo que, finalmente, culminó con el acto de ayer.

Poco antes del mediodía, el intendente Espinoza pidió perdón a la familia porque no se imaginaba que “podían seguir pasando cosas como ésta”. En tal sentido, apuntó que “había que tomar el camino contrario al que se había abordado” cuando decidió abrir el destacamento, luego de las demandas de los Vecinos Alerta por Lomas del Mirador (Valomi), un grupo que se movilizó por los resonantes casos del asesinato del florista de Susana Giménez y del entrenador de Guillermo Coppola. Los miembros de esa agrupación tenían una estrecha y familiar relación con los policías del destacamento. “Yo lo abrí y yo lo cierro”, dijo Espinoza, y se comprometió a enviar en forma personal el pedido al gobernador Daniel Scioli para que reciba a la familia de Arruga.

“Hicieron la maldad de dejar todo sucio y roto, fue muy duro entrar, cuando llegamos al fondo me imaginé cosas...”, dice Orieta a Página/12 al referirse al chalet de la calle Indart 106 donde funcionaba el destacamento inaugurado en 2008, y donde algunos miembros de Valomi supieron compartir asados con los policías sospechados. Según los abogados querellantes, hay pruebas de que Arruga estuvo detenido allí en forma irregular antes de su desaparición. Además, la última persona que lo vio, tendido en el piso luego de una feroz golpiza, es un preso que estaba alojado en esas celdas. La hipótesis que manejan es que el joven se negó a ser reclutado por los uniformados, que lo habían instado a delinquir en su beneficio, y “se les fue la mano” en el escarmiento.

“Sin la decisión política del gobernador este traslado no se hubiera podido realizar, yo se lo pedí y accedió, y esto nos permite cambiar un lugar de violencia por uno de vida”, dijo Espinoza. Para la hermana de Arruga, “si Luciano desapareció es porque no hubo control, porque no evaluaron antes de abrir otra base policial si el pedido de un grupo de vecinos podía generar los padecimientos de otro sector”, y adjudicó el cierre del destacamento a los amigos, familiares y organizaciones “que estuvieron desde un primero momento”. A ellos también agradeció la lucha para evitar que el caso “siga invisibilizado”. Sobre el destino que le darán al nuevo centro barrial, Orieta dijo que “no será un lugar de recreo, la realidad es la misma, otras mamás lloran a chicos muertos por la policía, no puedo conformarme con el cierre si a mi vecino le sigue pasando lo mismo”. En ese sentido explicó que “nuestra forma de construcción es denunciar cómo se comportaron los sectores políticos y judiciales, que nos dieron la espalda, nos discriminaron”. Sin embargo, admitió que la iniciativa significa “una caricia al corazón”.

En el acto –del que también participaron el secretario de Derechos Humanos del municipio, Miguel Rocha, y el concejal Miguel Bampini–, Pablo Pimentel (APDH La Matanza) coincidió en que el cierre del destacamento es un “importante hecho político” y destacó que había que “volcarlo a la causa para profundizar la investigación”. El expediente aún está caratulado como “averiguación de paradero” y los ocho policías sospechados figuran como testigos.