El gobierno de la República Checa permitirá, pese a las críticas del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), la entrada en vigor de una ley de servicios sanitarios especiales, que contempla la castración para autores de delitos sexuales.

El Ejecutivo informó ayer que acepta las explicaciones hechas en el Consejo de Ministros por el responsable de Salud, Leos Heger, sobre la necesidad de este tipo de operaciones quirúrgicas en casos extremos. La nueva ley que, se prevé, entrará en vigor el 1º de abril de este año, establece que esta medida puede aplicarse a pacientes mayores de 25 años que hayan dado su consentimiento, y en el caso de que otras terapias no tuvieran éxito.

La castración se aplicaría a personas que han cometido delitos violentos motivados por el sexo, y cuando un análisis médico pruebe la existencia de una desviación sexual específica y de una alta probabilidad de reincidencia. En la documentación aportada se apunta que la castración es una de las opciones que el afectado puede elegir durante su proceso de recuperación y reinserción en la sociedad.

“La castración por sí sola no significa que, en caso de que el paciente se someta a ella, será automáticamente dado de alta del tratamiento”, se añade, además de recordar que esta medida se practica en siete países europeos, entre ellos Dinamarca, Suecia, Noruega, Alemania y el Reino Unido. El CPT ha cuestionado la castración porque supone un trato denigrante y porque no es necesaria en el contexto de un tratamiento terapéutico, además de que resulta dudoso que se practique con la venia de los afectados. También criticó las garantías jurídicas contenidas en la ley, que considera insuficientes.