Los cartoneros fueron quienes más se hicieron oír ayer, en la audiencia pública convocada por el gobierno porteño para debatir la licitación de la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta oficial para concesionar por cinco años el servicio de higiene urbana cosechó críticas y apoyos, pero sobre todo la preocupación de los denominados recolectores informales por su futuro en el nuevo esquema de la limpieza en la ciudad, dado que los pliegos no dan precisiones sobre cuál será su rol. El secretario de Medio Ambiente porteño, Eduardo Epszteyn, aseguró anoche a Página/12 que “los cartoneros podrán trabajar en toda la ciudad, tal como lo determina la ley que permite su actividad”.
La audiencia pública fue convocada por el gobierno para conocer la opinión de todos los involucrados en el servicio de limpieza, desde las empresas hasta los vecinos, pasando por las asociaciones de consumidores, asambleas vecinales y especialistas. El pliego incluye una novedad respecto del sistema actual: no se pagará el servicio por tonelada de basura recolectada sino por área limpia. Además de la recolección de basura, el servicio incluirá el barrido de calles, la limpieza de sumideros y desagües, y el mantenimiento de parques y plazas.
Este fue uno de los puntos cuestionados por algunos de los expositores, que consideran el cuidado de espacios verdes como una tarea distinta, capaz de ser llevada a cabo por pequeñas o medianas empresas y no por grandes compañías, como las que se dedican a la recolección de residuos.
La audiencia pública debía celebrarse el 6 de febrero pero fue suspendida a raíz de un amparo judicial. Se inscribieron 132 vecinos y 24 expositores –entre legisladores, funcionarios y directivos de organismos de control– pero se presentaron 56 y 13, respectivamente. La audiencia fue presidida por Epszteyn y por la diputada María Laura Leguizamón, titular de la Comisión de Ecología de la Legislatura porteña. Después de esta etapa, el gobierno puede hacer las modificaciones que crea convenientes, de acuerdo con las observaciones realizadas, para luego convocar a licitación: el pliego no pasará por la Legislatura dado que la licitación es por cinco años y no requiere tratamiento legislativo.
El actual sistema divide la ciudad en cinco zonas, cuatro administradas por empresas privadas y una por la Dirección de Higiene Urbana de la ciudad. La concesión venció en enero de 2002 y fue prorrogada por un año. El pliego debatido ayer propone dividir la ciudad en seis zonas y mantener una de ellas para la administración estatal.
El presidente interino del Ente de Regulador de los Servicios Públicos porteños, José Luis Di Lorenzo, cuestionó que “el control de la calidad lo realice el propio contratista y se cree un organismo como la auditoría social, cuando es una función que le corresponde al Ente”. La auditoría social es un mecanismo que permitirá a los vecinos, organizados a través de los CGP, ejercer un control de calidad sobre la prestación del servicio.
El diputado Eduardo Valdés (PJ) reclamó que los pliegos “se adapten a la ley 992, que legaliza el trabajo de los cartoneros y los incorpora al circuito productivo de la basura”. Por su parte, el macrista Oscar Moscariello advirtió que “la zonificación puede derivar en prestaciones con diferente nivel de calidad”.
Epzsteyn aseguró que algunas de las propuestas realizadas en la audiencia serán incorporadas al pliego. El funcionario anunció que la ley de cartoneros está a punto de ser reglamentada y prometió que los alcances de ese reglamento serán tenidos en cuenta para la licitación. “Probablemente no haya recolección diferenciada para las empresas”, dijo, para tranquilizar al sector. Y aseguró que no se reservará un 30 por ciento de cada zona para los recolectores informales sino que “podrán actuar en toda la ciudad”. Otro de los cambios previstos es la eliminación de la licitación del mantenimiento de los espacios verdes y el refuerzo de la participación en el control del Ente Regulador de la Ciudad.