Los dueños de las empresas de colectivos que transitan por las calles de la ciudad de Buenos Aires, aburridos de hacer siempre lo mismo, han decidido ampliar sus horizontes y revolucionar las matemáticas modernas a partir de un impresionante hallazgo: la mitad de 75 centavos no es 37,5, como piensa todo el mundo, sino 40. Esto, al menos, es lo que se desprende de un informe publicado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que constata que el 25 por ciento de las líneas de colectivos que circulan por la Capital cobra un sobreprecio en el boleto estudiantil secundario, que en realidad debería ser equivalente al 50 por ciento del pasaje mínimo. “Ante la ausencia total del Estado como control, las empresas se aprovechan y, con la excusa de redondear, cobran más de lo permitido. Uno lo mira y parece poca plata, pero si se piensa que hay 160 mil posibles beneficiarios, a lo largo de los años la cifra se vuelve millonaria”, explicó a Página/12 el defensor adjunto del pueblo, Gustavo Lesbegueris. El 62 por ciento de las empresas, además, les cobra a los chicos entre uno y siete pesos para otorgarles la credencial habilitante, que hasta el año pasado era entregada gratuitamente por la mayoría de las empresas.
A comienzos del año lectivo 2003, una avalancha de padres y alumnos se presentó ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para radicar su denuncia. “Nos están cobrando la credencial”, exclamaron incrédulos cuando los atendieron, en referencia a la decisión de muchas de las empresas de colectivos que circulan por la ciudad de comenzar a cobrar la credencial que habilita a los chicos para acceder al boleto estudiantil, que hasta el año pasado era gratuita. “Tenemos que pagar la foto”, “tenemos muchos gastos administrativos”, dicen que les respondían mecánicamente los empleados de las empresas de transporte cuando se quejaban ante esta decisión arbitraria.
Con estos casos como testigo, la Defensoría de la Ciudad comenzó una detallada investigación que constató que el 62 por ciento de las empresas relevadas –107 de las 140 habilitadas– que circulan por Buenos Aires ha instaurado en los últimos años el cobro de la credencial, pese a que no existe ninguna normativa que los habilite para hacerlo.
“La Ley 23.673/89, que reglamenta el boleto estudiantil secundario, dice que las empresas expenderán la credencial, pero en ningún momento las habilita a cobrar un importe por hacerlo. De hecho, la disparidad de valores, que va desde un peso hasta los siete, demuestra claramente que estamos frente a una avivada de los empresarios”, explicó el defensor adjunto de la ciudad, Gustavo Lesbegueris, quien se quejó amargamente por la falta de controles sobre el sector. “Es el abandono del Estado el que lleva a este estado de cosas”, agregó.
Frente a esta acusación, la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte), organismo encargado del control del transporte, admitió conocer el problema, pero justificó a las empresas. “Tienen gastos administrativos por el plastificado y las fotos, y además en la reglamentación no se especifica en ningún lado que deba ser gratuita”, aclararon.
Pero las irregularidades no terminan allí. Cuando los empleados de la Defensoría preguntaron a las empresas por el precio del boleto estudiantil –que puede ser tramitado por todos los estudiantes secundarios y terciarios no universitarios de la ciudad– notaron que el 25 por ciento de las empresas relevadas estaba cobrando un precio mayor (0,40 en vez de 0,375) al permitido por ley, llevándose importantes ganancias, mientras que sólo 8 líneas –1, 52, 87, 111, 127, 151, 160 y 179– cobraban menos de lo estipulado (0,35), para evitar los problemas con el cambio.
“Es un tema similar al que se vivía con Telefónica y Telecom hace algunos años. Su tarifa era de 22 centavos pero, con la excusa de la falta de cambio, cobraban 25 centavos en los teléfonos públicos. Por suerte, luego de una fuerte campaña, se logró que se redondee para abajo. Espero que en este caso pase lo mismo”, remarcó Lesbegueris.
Producción: Damián Paikin.