En un fallo que complica la situación procesal del padre Julio César Grassi –aunque sus defensores salieron a decir lo contrario–, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Morón declaró “nulo e ilegal” lo actuado por el Juzgado de Menores 1 de ese partido, a cargo de Ricardo Oyama, que ahora será investigado por las irregularidades que habrían ocurrido en torno de una supuesta retractación del principal testigo que acusó al sacerdote en la causa central por “abuso deshonesto y corrupción de menores”. La Cámara echó por tierra una extraña madeja judicial tejida por la defensa de Grassi con el propósito de hacer caer el testimonio del chico conocido como “Ezequiel”, uno de los acusadores del cura. La maniobra volvió a victimizar a Ezequiel, a quien se le cambió la guarda judicial que tenía y se lo hizo vivir con una hermanastra que participó activamente en la movida judicial realizada por la defensa de Grassi.
El fallo de la Cámara le dio la razón al abogado Juan Pablo Gallego, defensor de dos jóvenes que imputaron a Grassi en la causa por abuso deshonesto. La decisión de la Cámara, además de desestimar la supuesta retractación, remitió a la Suprema Corte bonaerense los antecedentes del caso, a fin de que se investiguen las irregularidades que se habrían cometido en el acto judicial producido el 13 de diciembre. “Ezequiel” fue llevado al Juzgado 1 para que le hicieran una pericia psicológica, que luego derivó en una declaración indagatoria ante el juez subrogante Gerardo Frega en la cual el menor supuestamente se retractaba.
“Ezequiel” es uno de los acusadores de Grassi, junto con otro chico mencionado como “Gabriel”. Mientras “Gabriel” dijo haber sido víctima directa de un abuso, “Ezequiel” sostuvo que había presenciado otro acto de corrupción en contra de un tercer menor. Desde que comenzó el proceso legal, Gallego tomó la defensa de los dos menores, en su carácter de asesor del Comité Argentino de Seguimientos y Aplicación de la Convención Sobre los Derechos del Niños que preside Estela Carlotto.
En diciembre, el abogado Miguel Angel Pierri solía hablar de “Ezequiel” como si fuera su representado, cuando en realidad lo era de la madre del menor. Por otro lado, Pierri formaba parte del equipo de defensores de Grassi, motivo por el cual podría ser acusado por el delito de prevaricato en razón de la dualidad de su intervención. Ayer, después del fallo de la Cámara, Gallego recordó a este diario que a “Gabriel” también lo habían acusado por una supuesta extorsión en perjuicio de Grassi, cargo que fue finalmente desestimado por la Justicia.
La resolución de la Cámara Civil incluye una orden para que “Ezequiel” sea restituido de inmediato a su legítimo guardador, Aníbal Vega. La situación del chico es muy grave, desde la infancia, porque tiene una madre abandónica que por esa razón perdió la tenencia. El chico, cuando tenía 15 años, llegó a la Fundación Felices los Niños, que presidía el cura Grassi, y fue allí donde dijo presenciar el abuso que lo llevó primero a declarar ante la Justicia y luego frente a las cámaras del Canal 13.
Gallego expresó su “gran satisfacción” por el fallo y recordó que el 14 de diciembre, tal como reflejó Página/12, había anticipado que la supuesta retractación constituía “un acto nulo de toda nulidad” por la actuación que había tenido el Juzgado 1 de Morón.
“Por suerte se termina este maltrato institucional hacia un menor que dijo su verdad y fue vapuleado, incluso por quienes tenían la responsabilidad de darle protección.”