Unos 35 mil vigiladores privados –casi una policía bonaerense completa– están hoy fuera de control en la provincia de Buenos Aires. El dato puede ser alarmante o positivo, según se lo mire, pues hace ocho meses los custodios fuera de la lupa del Estado eran alrededor de 70 mil. En cualquier caso, los datos son el resultado del primer empadronamiento de este verdadero ejército privado surgido al abrigo de la inseguridad. Sobre un total de 733 agencias registradas en territorio bonaerense, algo más de la mitad (352) está en vías de regularizar su situación, mientras que el resto presenta alguna irregularidad o, directamente, son agencias “fantasma”. El empadronamiento de agencias de seguridad es realizado por el Ministerio de Seguridad bonaerense, que sólo en el mes de marzo sancionó a 24 empresas con multas que van desde 18.000 a 61.000 pesos.
El registro de las agencias de seguridad provinciales fue realizado a partir de la reglamentación de la ley 12.297, que regula esa actividad. La norma fue sancionada en 1999, pero recién comenzó a aplicarse en agosto del año pasado, cuando fue reglamentada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero, quien tomó la medida semanas después de asumir en ese cargo.
A partir de entonces, las agencias, para ser reconocidas, deben cumplir, entre otros requisitos, con la inscripción de su personal –que no debe registrar antecedentes de delitos dolosos ni de violaciones a los derechos humanos–, contar con seguro de responsabilidad civil y no tener en su haber juicios por quiebras o concursos de acreedores.
Según fuentes del Ministerio de Seguridad, la reglamentación generó resistencia entre las empresas: es que para blanquear al personal deben abonar un derecho de inscripción de 47,29 pesos por cada vigilador registrado y de 27,02 pesos por cada renovación de credencial, más una tasa por cada vehículo declarado, otra por cada empresa o destino donde presta servicios la compañía y un arancel por la homologación del material tecnológico, entre otros cargos. “A casi todas las empresas que se presentaron se les hizo un plan de pagos, porque hay muchas que tienen que abonar entre 50.000 y 60.000 pesos”, dijo a Página/12 una fuente de la Dirección General Fiscalizadora de Agencias de Seguridad Privada, encargada de confeccionar el registro.
“Sobre un total de 733 agencias que hay en la provincia, hasta hoy 352 se han incorporado a los planes de pago, en tanto que hay otras 200 que se irán incorporando en forma paulatina”, dijo la fuente a este diario. Al margen de esas cifras, los inspectores del organismo detectaron 167 agencias de seguridad clandestinas o no registradas.
–¿Cómo se detecta a una agencia que no está registrada? –preguntó este diario.
–Los inspectores de esta dirección, cuando detectan a un vigilador, averiguan para qué empresa trabaja y luego verifican si está inscripta o no.
En el lote de las 733 empresas inscriptas fueron detectadas 127 compañías “fantasma”, cuyo domicilio declarado no se corresponde con la realidad. “Pueden ser empresas que pueden ser de Capital y han declarado un domicilio inexistente en la provincia, o que se han mudado y no declararon el cambio de domicilio o que han cerrado”, dijo la fuente del Ministerio de Seguridad a este diario. En relación con estas empresas, la asesoría letrada de la dirección estudia los expedientes para cancelarles la licencia.
Las empresas no contratadas y sus contratantes se arriesgan a ser castigados con las sanciones que establece la reglamentación de la ley 12.297, que establece desde multas que van de 18.000 a 61.000 pesos, y llegan hasta la suspensión y cancelación de la licencia para ejercer la actividad.
La Dirección General de Fiscalización, a cargo de Natalia Nieremberger, recordó que “quedan tres meses para que las empresas de seguridad regularicen su situación y presenten la documentación requerida paratramitar un alta de vigilador, entre otras, el certificado que los habilite para rendir un examen final en la Escuela de Policía Juan Vucetich”.
La ley exige que para que pueda funcionar una agencia de seguridad los vigiladores deben realizar un curso de capacitación, tener más de 25 años de edad y gozar de buenos antecedentes: no pueden desempeñarse en esta actividad quienes tengan condenas por delitos dolosos ni aquellos que hayan cometido violaciones a los derechos humanos. Por eso, los inscriptos deben pasar por el filtro del banco de datos de la Dirección Provincial de Derechos Humanos. Si los vigiladores utilizan armas, tienen que presentar la correspondiente credencial que los acredita como usuarios, extendida por el Registro Nacional de Armas (Renar).
A los accionistas de las empresas se les exige tener nacionalidad argentina, requisito que impidió que una de las empresas líderes en el mercado de la seguridad privada cumpliera el trámite, pues uno de sus socios es español y debe tramitar la ciudadanía.
La ley obliga a inscribirse no sólo a las compañías que brindan el servicio de vigilancia, sino también a las que ofrecen monitoreo fijo -alarmas en viviendas– o móvil –rastreo satelital de vehículos–.
Hasta ahora se han inscripto 35 mil de los más de 70 mil empleados que, se estima, tienen las agencias de seguridad. El Ministerio de Seguridad planea firmar un convenio con la AFIP para cruzar datos sobre el personal, muchos de los cuales realizan la actividad en negro.