Concluyó ayer, tras nueve días de intenso conflicto, la huelga policial en Misiones. El gobierno provincial acordó con los sublevados un aumento salarial del 30 por ciento y el cese de cualquier medida punitiva sobre los manifestantes. A cambio, los 1500 policías que se habían atrincherado en la jefatura policial y en otras dependencias del interior desalojaron las sedes tomadas. La Justicia tendrá que resolver ahora si ratifica un pedido de captura sobre los efectivos acuartelados.

En una reunión de más de diez horas, el gobernador Maurice Closs y una docena de negociadores por la policía provincial firmaron un acta-acuerdo de diez puntos en la que se fija un aumento de 300 pesos en el salario básico y de 30 por ciento al salario real –un agente recién ingresado a la fuerza cobrará en bolsillo 4200 pesos–. La cifra se acerca al último pedido de los policías, de cinco mil pesos.

Además, el acuerdo deja sin efecto los pases a disponibilidad, sumarios o cesantías de todos los policías implicados. Eso significa que, siempre que no hayan dañado el patrimonio policial, estarán exentos de las sanciones administrativas de la fuerza.

En el plano judicial, no obstante, el Juzgado Nº 2 de Posadas, a cargo del magistrado César Yaya, debe decidir si dicta la captura de los policías que el martes tomaron de forma violenta la jefatura policial y se acuartelaron ayer. Así lo había pedido el miércoles el fiscal Christian Antúnez Nerenberg.

En ese sentido, el acta firmada ayer determina en su sexto punto que la Mesa de Diálogo –creada en el mismo documento y conformada por representantes de la policía provincial y funcionarios del Ejecutivo– podrá “requerir la habilitación de un proyecto de ley de Declaración de Amnistía General Administrativa” de los actos cometidos durante las manifestaciones.

El amotinamiento policial comenzó el martes 21 de febrero con la toma del Comando Radioeléctrico de Posadas por parte de un grupo de efectivos de la fuerza. La medida se replicó luego a la sede de la Unidad Regional I y a otras delegaciones del interior. En total, fueron 1500 los policías envueltos en la huelga, por lo que el Ejecutivo tuvo que ser asistido por Gendarmería Nacional.

El último martes, unos cincuenta efectivos fueron más allá: ingresaron a los golpes a la jefatura provincial y expulsaron a la cúpula de la fuerza del edificio, titular de la fuerza incluido. La respuesta del gobierno no se hizo esperar y el miércoles el gobernador Closs repudió el hecho en un acto público organizado “en defensa de la democracia”. Desde su administración vincularon la revuelta policial con la proximidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Luego cambiaron de parecer y optaron por negociar.