“El Gobierno de la Ciudad tiene que actuar” porque “los inspectores no pueden decir que desconocen qué es un prostíbulo. La Agencia Gubernamental de Control (AGC) lo sabe, consiente y avala. A tal punto que hoy todos los prostíbulos siguen abiertos”. Eso declaró ayer, ante dos comisiones de la Legislatura porteña, Lorena Martins, la mujer que el año pasado denunció a su padre, el ex agente de inteligencia Raúl Martins, de liderar una banda dedicada a la trata de personas. Martins fue invitada a testimoniar por las comisiones de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud y Seguimiento de la Ley de Igualdad de trato. Ante sus presidentas e integrantes de siete bloques del cuerpo, Martins lamentó que no se hubiera presentado nadie del PRO. El viernes pasado, explicó, “el señor (Cristian) Ritondo se comprometió conmigo a luchar contra la trata. Me hubiera gustado que estuviera alguien del PRO en esta reunión”.

Martins asistió a la Legislatura invitada por María Elena Naddeo y María José Lubertino, presidentas de las comisiones de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, y de Seguimiento de la Ley de Igualdad, respectivamente. Con su presentación, el objetivo era dar testimonio público de la denuncia judicial por proxenetismo y trata, por lo que las legisladoras habían cursado invitación a sus pares de los demás bloques y otras comisiones. Aníbal Ibarra (Frente Progresista y Popular), Virginia González Gass (PS Auténtico), Julio Raffo (Proyecto Sur), Rocío Sánchez Andía, Fernando Sánchez (CC), Juan Pablo Arenaza (Bases para Todos), Claudia Neira (Buenos Aires para Todos) y Susana Rinaldi (FPyP) estuvieron presentes, declarando apoyo a Martins y en casi todos los casos formulándole preguntas y diseñando posibles estrategias para acompañar, desde el terreno legislativo, los avatares de la denuncia judicial.

“Yo me estoy jugando la vida y desde el Gobierno de la Ciudad ni siquiera hicieron una inspección”, dijo Martins, al explicar que tanto en la denuncia radicada en el juzgado de María Servini de Cubría como en su reunión del viernes pasado con el vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo, había aportado información. “Direcciones, fotos, nombres”, detalló, con una carpeta a su lado.

“Acá tengo publicidades gráficas, donde dice que son saunas, que hay shows eróticos en vivo, publicidades que están al alcance público. Acá tengo fotos”, especificaba. Poco después, leyó un correo electrónico en el cual un empleado de la Agencia Gubernamental de Control, José Alonso, informaba tarifas de habilitaciones a Pablo Paternostro, a quien ella sindicó como empleado de su padre, “el mayor proxeneta que existió en la ciudad de Buenos Aires”. Redes como aquella en que está involucrado su padre, aseguró, hoy “venden chicas a Mendoza por 1000 pesos y otras son llevadas a México sin documentos”, mientras que actualmente “son 350 chicas en Capital” las víctimas de trata para fines de explotación sexual.

Martins acusó a la AGC de “complicidad” con los dueños de los prostíbulos y las redes de trata. “En esto hay mucha gente involucrada, nombres pesados. Me arriesgo denunciando. Y veo que de AGV no han hecho inspecciones serias porque cualquier inspector que vaya hoy y vea eso lo puede cerrar. Hoy, no mañana, no el año que viene, no cuando termine la causa.”

“Vine a buscar respuestas. Me gustaría que hubiera venido alguien del PRO. El señor Ritondo se comprometió conmigo. No quiero hacer nada partidario, quiero hacer esto para las chicas”, insistió, antes de recordar que hace semanas, luego de haberse reunido con la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, esa cartera intervino sobre la comisaría 19, gravemente sospechada de complicidad con redes de trata. “El que no está acá tengo que pensar que cree que estas vidas no valen nada.”