Supervisores, en conferencia de prensa, dijeron que la medida “afecta el derecho a la educación”.

La propuesta del ministro Esteban Bullrich de cerrar o “fusionar” cursos no generó adhesiones ni siquiera en los niveles jerárquicos del sistema educativo público porteño: supervisores de los 21 distritos escolares reclamaron al Poder Ejecutivo de la ciudad “la anulación de la disposición que establece el cierre de grados” y la “conformación de una comisión integrada por representantes de la docencia, de las familias, de los cooperadores, de los estudiantes (de escuelas secundarias), de los poderes Ejecutivo, Legislativo y las Comunas” para elaborar “propuestas para recuperar la matrícula en las escuelas donde se hubiere reducido y satisfacer la demanda de vacantes en los distritos del sur”. En tanto, los docentes de UTE-Ctera levantaron la carpa que mantuvieron frente a la Jefatura de Gobierno durante 20 días en los cuales reunieron 50 mil firmas para reclamar la derogación de la medida. Y Ademys realizó ayer una movilización frente al Ministerio de Educación.

También se sumaron al reclamo los delegados de las cooperadoras escolares, quienes advirtieron que “este achicamiento de la educación pública va en sintonía con el congelamiento de los subsidios escolares y el retraso de seis meses en la distribución de fondos” destinados a esas asociaciones, para los gastos de materiales en las escuelas.

Los supervisores, justamente, eran quienes debían implementar la disposición Nº 15 Dgege/12 que disponía eliminar 221 cursos de los niveles primario y secundario. En algunos casos, tenían instrucciones de relevar, además, si existían otros grados o divisiones en condiciones de ser cerrados por tener menos de quince alumnos.

En el pronunciamiento, los supervisores advierten que tomaron conocimiento de la medida el 2 de marzo, a través de un correo electrónico, “sin que mediare consulta previa alguna”. Ese desconocimiento, sostienen, les impidió brindar propuestas superadoras para evitar “la actual situación de conflicto y tensión a que se ven sometidos supervisores, directivos y maestros de los distritos escolares involucrados”. Y afirman que el procedimiento adoptado “produjo un enfrentamiento innecesario en el seno de las comunidades educativas”, lo cual “perjudicó notablemente los procesos de aprendizaje del alumnado”.

En la nota que dirigieron por vía jerárquica al ministro Bullrich, el equipo de supervisores caracteriza la medida “no como una salida administrativa a una situación aislada sino como una respuesta política de Estado frente a un problema de la educación pública que afecta el derecho social a la educación”. Advierten que las escuelas con reducción de matrícula están “afectadas por el crecimiento de escuelas privadas subvencionadas por el Estado en su radio de influencia inmediata”. Y que en forma paralela, “existe imprevisión y ausencia de planes de construcción de aulas para resolver la falta de vacantes en la zona sur”. Según los datos relevados por los supervisores –publicados ayer por Página/12–, en esa zona al menos 350 chicos aún no empezaron las clases por falta de vacantes.

“El cierre no es solución de nada. Está basado en un decreto de 1990 que establece un ordenamiento numérico pero no fija criterios pedagógicos. Y así como ahora cierran cursos, existe el temor de que en el futuro puedan cerrar escuelas”, advirtió, en una conferencia de prensa, uno de los funcionarios que firman el pronunciamiento. En total son 44 las firmas de supervisores de educación primaria y de materias especiales y bibliotecas. Pero en la rueda de prensa fueron acompañados por directores, maestros, representantes de gremios, legisladores y funcionarios de la Defensoría del Pueblo.

En el documento que hicieron público, propusieron la conformación de una comisión integrada por miembros de la comunidad educativa, legisladores y funcionarios, “a fin de realizar un diagnóstico de la situación de la matrícula en la ciudad, indagar las causas de los defasajes entre las zonas y elaborar un pliego de propuestas a fin de recuperar la matrícula de las escuelas donde la misma se hubiere reducido y satisfacer la demanda de los distritos del sur”.

La medida dispuesta por Bullrich y su director de Educación de Gestión Estatal, Maximiliano Gulmanelli, afecta 144 cursos de nivel primario, 52 de nivel medio y 25 de escuelas técnicas. Afectó a siete distritos escolares del norte y centro de la ciudad. El más afectado fue el 10, donde se prevé cerrar 42 cursos.

Después de un mes de movilizaciones y abrazos a las escuelas afectadas, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, dará a conocer el martes el número preciso de cursos que se van a cerrar. Sería el resultado del compromiso que asumió con los distintos gremios, tras una ronda de diálogo, para reconsiderar la medida. Una semana después, el 10 de abril, deberá presentarse en la Comisión de Educación de la Legislatura para explicar a los diputado las razones de una medida que alteró el normal inicio de las clases.