Mientras el juez federal Claudio Bonadío fijó el plazo del lunes próximo como máximo para que le entreguen un preinforme de los peritajes sobre la tragedia de Once, la Sala II de la Cámara Federal anuló la resolución del magistrado en la que aceptó al Estado nacional como querellante en el expediente. En verdad, los camaristas le dijeron a Bonadío que fundamente mejor por qué el Estado debe ser querellante, pero al mismo tiempo le hizo notar que la investigación se haría más dificultosa “si se admite como acusador particular a quien puede ser, por acción u omisión, eventualmente querellado por esos mismos sucesos”. Frases como ésta hacen suponer que aun, cuando el juez insista, es difícil que la Cámara acepte al Estado como querellante. Este viernes se vence el plazo de la intervención de TBA y el Poder Ejecutivo deberá resolver qué determinación toma. Lo más probable es que extienda la intervención, pero tal vez la decisión esté relacionada con el resultado del peritaje. Los trascendidos, sin embargo, indican que el trabajo técnico preliminar no será categórico: indicaría que los frenos no fallaron, lo que pondría responsabilidad en el motorman, pero también que el parachoques jugó un papel en la cantidad de muertes que ocasionó el choque, lo cual recae en el concesionario, TBA.

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah firmaron la resolución de ayer, mientras que el tercer integrante de la Sala, Horacio Cattani, está de licencia. Los magistrados rechazaron por improcedente una presentación del abogado Gregorio Dalbón, pero aun así decidieron analizar la decisión de Bonadío de aceptar al Estado como parte damnificada en el proceso. El punto nodal es que los camaristas insisten en que para aceptar un querellante el juez debe fundamentarlo y que Bonadío sólo adujo que el material ferroviario es de propiedad del Estado y que el Estado es garante del servicio, razones que consideró suficientes para aceptarlo como querellante. Irurzun y Farah afirman que esa razón no es suficiente: “Esas mismas cualidades son las que prima facie se alzan como obstáculos para otorgarle la calidad de querellante en el proceso, con lo cual toda decisión debe hallarse precedida de un adecuado análisis”. En síntesis, los camaristas le piden a Bonadío que, si va a insistir con darle al Estado el papel de querellante, lo fundamente en forma más sólida y extensa.

Desde el punto de vista de los peritajes, lo resuelto por la Cámara no cambia nada. Los estudios técnicos los realizan los peritos oficiales, dos de la UBA y uno de la Corte Suprema, ingenieros especializados en ferrocarriles. Los peritos de parte sólo dan opiniones y por lo tanto los designados por el Estado –hay uno de la Secretaría de Transporte y uno de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, por ejemplo– pueden opinar y, en cualquier caso, su opinión no será tenida en cuenta o se evaluará como opinión de un perito de una de las partes del proceso, no de un querellante.

Por los pocos trascendidos que existen hasta ahora, el preinforme no apuntaría a un solo responsable. Las pruebas habrían demostrado que el tren frenaba y que así lo hizo en las 13 estaciones en las que paró. Los compresores fueron probados y, según parece, funcionaron. Además se hicieron pruebas con vagones en marcha y no habría habido inconvenientes en las frenadas. Esto, en principio, apuntaría a que el maquinista se durmió, se desmayó o una circunstancia de esa naturaleza. Por el otro lado, los peritos dirían que los parachoques no amortiguaron el golpe, algo que le adjudicaría responsabilidad a TBA y al mantenimiento del ex Sarmiento. Más allá de esas conclusiones, los ingenieros sostendrían la necesidad de hacer más pruebas.

Este viernes vence el plazo de la intervención de TBA dispuesta por el Poder Ejecutivo. La Presidenta sugirió varias veces que las medidas de fondo se tomarían una vez que estén claras las razones del choque, pero el primer informe recién estaría el lunes. La lógica indica que se prorrogaría la intervención. Eso también daría tiempo a que se termine la pericia contable ordenada por Bonadío. El magistrado quiere ver qué se hizo con el dinero de los subsidios, sobre todo si se utilizó en el área de mantenimiento de un servicio que, en opinión de los usuarios, es más que defectuoso.