Como pocas veces, la gestión de Mauricio Macri está cosechando bronca transversal: el aumento de la tasa de ABL genera rechazo desde los propietarios de las casas más modestas de la ciudad hasta de las familias de mayor poder adquisitivo, todos impactados por la escasa gradualidad del incremento. Paradojas del PRO, mientras se dijo que el ajuste buscaba una mayor equidad tributaria, fueron los sectores con viviendas de menor valor los que proporcionalmente sufrieron más aumento: eran los que menos pagaban por tener propiedades con baja tasación, pero ahora el mínimo se fue a 600 pesos anuales, con porcentajes de aumento que superan el 500 por ciento. Se agregaron esta semana las facturas de bauleras y cocheras, que pagan, aparte, un ABL mínimo de 200 pesos por espacios apenas mayores a un locker. Desde la oposición ya estudian estrategias correctivas ya que, vaticinan, éste es solo el principio: la ley prevé que, para 2015, cada contribuyente pague el equivalente al uno por ciento del valor de su propiedad: para una vivienda de 100 mil dólares, el impuesto podría llegar a representar una carga de 1000 dólares anuales.

“Esto recién empieza”, advierte Aníbal Ibarra (Frente Progresista Popular), quien recuerda que cuando el macrismo era oposición de su gobierno “decía que había que bajar el ABL”. El diputado del interbloque kirchnerista rechaza la fórmula aplicada para los cálculos del impuesto ya que “toma en cuenta el valor de la tierra, el factor de ocupación y el valor inmobiliario en un barrio donde conviven edificios modernísimos con viejas casas chorizo”.

Con estos números, el gobierno de Mauricio Macri piensa recaudar este año casi mil millones de pesos más que en 2011, solo por el ajuste de ABL. “Con el agravante de que ese dinero no será destinado ni a subsidiar el transporte ni a la promoción social, vivienda e infraestructura educativa sino al pago de contratistas de servicios”, advierte Fabio Basteiro (Buenos Aires para Todos).

Pero según los cálculos que realizó el ex legislador y auditor porteño Eduardo Epszteyn el incremento promedio será de un 120 por ciento, muy por encima del 66 por ciento estimado por el Ministerio de Hacienda porteño.

Los números sembraron el desconcierto de los contribuyentes porque, además de elevados, son difíciles de interpretar. Para colmo, no hay demasiado tiempo para estudiar las boletas: los primeros vencimientos están previstos para mañana. Para colmo, los que tienen una baulera en su edificio recibieron una nueva sorpresa: de los 11 o 12 pesos anuales que pagaban por un espacio de unos dos metros cúbicos, pasó a tener un piso de 200 pesos. “Una tasa confiscatoria”, concluye Epszteyn.

Las asociaciones de consumidores no están dispuestas a resignarse ante el impuestazo: el viernes, quince organizaciones se reunieron, junto con centros de jubilados, asociaciones de inquilinos y asesores legislativos, convocados por la diputada María José Lubertino. En ese encuentro hubo coincidencias sobre la necesidad de corregir inequidades manifiestas: “El piso de 600 pesos anuales que se impuso a las propiedades de menor valor genera que la gente con viviendas más chicas sea la que tuvo aumentos porcentuales más grandes, superiores al 500 por ciento”, dijo a este diario Claudio Boado, de la Unión de Usuarios y Consumidores.

Para el diputado Edgardo Form (Nuevo Encuentro) estos casos constituyen un ejemplo de que “los criterios de valuación inmobiliaria carecen de equidad”.

Otro caso conflictivo es el de las viviendas de los distritos que ya tuvieron un aumento importante en 2007-2008, con el primer impuestazo de Telerman-Macri, mediante la aplicación de un cuestionado coeficiente por zonas (en las comunas 2, 13 y 14). “El gobierno dijo que en esas viviendas ahora no iba a haber aumentos o el impacto iba a ser menor, pero tenemos casos de personas que en 2008 tuvieron subas de 800 a 2300 pesos anuales, y ahora se les incrementó a 3200”, advierte Boado.

Diputados de la oposición estudian la manera de reformular los cálculos que hoy llevan a aumentos desmedidos. Esos mecanismos forman parte de la Ley Tarifaria y el Código Fiscal, aprobados junto con el Presupuesto con 50 votos, es decir, buena parte de la oposición. Los votos negativos en la votación en particular no modificaron la norma que hoy se aplica.

Allí se establece una compleja fórmula para calcular el nuevo ABL. El cálculo se realiza a partir de la denominada Valuación Fiscal Homogénea, un valor que “refleja las características del suelo, su uso, las edificaciones y otras estructuras, obras accesorias, instalaciones, ubicación geográfica, disposición arquitectónica de los materiales utilizados, cercanía con centros comerciales y de esparcimiento o con espacios verdes y vías de acceso”. Para el cálculo, según la ley, “se considera una proporción del valor económico por metro cuadrado del inmueble en el mercado comercial”, para lo cual se tiene en cuenta la valuación del terreno según su ubicación, geográfica y zonificación en el Código de Planeamiento Urbano, y del edificio. Establece la ley que, como variables, se tiene en cuenta “la superficie del terreno, la superficie cubierta y semicubierta, estado general y antigüedad”, entre otras.

Esta valuación, aclara, no podrá exceder el 20 por ciento del valor de mercado de las propiedades. Esa cifra se multiplica por la denominada Unidad de Sustentabilidad Contributiva, fijada en 4. Y sobre este resultado se aplican las alícuotas: una del 0,5 por ciento por la tasa de servicios (alumbrado, barrido, limpieza y mantenimiento y conservación de sumideros), y otra de entre el 0,4 y el 0,7 por ciento por el Impuesto Inmobiliario, que varía de acuerdo con las zonas de la ciudad.

Desde la AGIP aseguraron desde un principio que el monto total a pagar nunca podrá superar el uno por ciento del valor real de mercado del inmueble. Pero admiten que en realidad ese es el valor ideal a recaudar para cada propiedad en 2015, cuando esté terminando el mandato del jefe de Gobierno. “No vaya a ser que esos recursos se utilicen para financiar la campaña nacional de Macri”, advierte Boado, de la Unión de Usuarios y Consumidores

La ley votada por la Legislatura no contempla otras excepciones que la de los jubilados con haber mínimo. En total, suman 115.000 partidas. No toma en cuenta los casos de personas desocupadas, madres solteras a cargo de familias numerosas o jubilados y trabajadores con ingresos bajos que pueden tener dificultades para afrontar los aumentos.

La desmesura del aumento fue tal que por un momento rompió el blindaje con el que algunos medios protegen la administración de Macri. “Es de esperar que el apetito recaudador ceda frente a lo que muchos vecinos porteños perciben como una exacción injustificada y violenta”, manifestó en un editorial el diario La Nación.

El aumento también afecta a quienes creyeron estar a salvo por pagar todo el año adelantado: nadie congeló esta vez el precio y todos tendrán que pagar retroactivo. Las cuotas ya pagadas también serán ajustadas.

Desde la oposición, reclaman que el gobierno “haga la valuación casa por casa de las propiedades, como se comprometió en 2008”. Lubertino, Form Ibarra y Basteiro, con sus respectivos bloques, estudian correcciones legislativas para amortiguar el impacto, hacer más equitativo el impuesto y más comprensible para el usuario la fórmula de cálculo. “Porque, como dijo don Arturo Jauretche, cuando te explican una cosa dos veces y no la entendés, es porque te están cagando.”