Por A.D.

Hasta ahora Julio César Melazo era uno de esos jueces provinciales que de tanto en tanto ponía la mano, la lupa y su firma en temas picantes. Así sucedió con la trama de juego ilegal que terminó disparando un libro donde compila su investigación sobre las mafias. Pero a partir de ayer, el juez cambió de lugar. En medio de un durísimo debate sobre interpretaciones acerca del Código de Procedimiento Penal bonaerense, el Ejecutivo anunció que iniciará un juicio político contra Melazo por obstrucción a la acción policial en el combate encarado contra los desarmaderos de autos. Según fuentes del gobierno bonaerense, la denuncia parte de la sospecha de que el juez “puede integrar una red de protección” del negocio de los hombres tuercas de la provincia. El magistrado salió al cruce de la acusación al considerar que “avasalla la independencia del Poder Judicial”.
El robo de autos es uno de los puntos calientes en el territorio de Solá. En términos estadísticos, estos robos son los delitos con más denuncias, están entre los más violentos y con tendencia al crecimiento. Con estos indicadores, el tema se transformó este año en uno de los ejes de la agenda del Ministerio de Seguridad provincial. Al estilo del grupo especial antisecuestros creado en 2002, la provincia organizó hace unos meses un equipo destinado a las investigaciones sobre robo de autos. El escuadrón especial quedó en manos del comisario Osvaldo Seisdedos y para el trabajo se diseñó una estrategia propia y una herramienta legal cuya legitimidad es la que ahora está en discusión.
La cantidad de procedimientos hechos hasta ahora en el conurbano fueron alrededor de 400. En esos casos se detuvieron a unas 230 personas. Para hacerlo, la policía actuó avalada por dos figuras ahora cuestionadas por el juez Julio Melazo. Una de ellas forma parte del Código de Faltas, es el artículo 87 de la ley 8081/73. La otra es un decreto firmado este mes por Felipe Solá, el 294/03, que amplía las funciones de la policía para revisar libros de registro en talleres, galpones o negocios de autopartes. Para el Ejecutivo, esas herramientas bastan no sólo para ingresar a los galpones, sino también para analizar el origen de la mercadería que está en venta, “aprehender” o retener a sus propietarios y pedir una orden de allanamiento al juez de la zona. Aseguran que esta dinámica, que apunta a la comercialización y bocas de expendio, es la única forma, rápida y efectiva, que tiene la policía para bajar los índices del negocio.
Este es el punto que discute Melazo. Fue el único juez de Garantías de la provincia que anuló tres procedimientos, cuestionó un cuarto y ordenó un sumario contra los policías que intervinieron en uno de los operativos. El resto de los jueces y de los fiscales bonaerenses dio vía libre a un mecanismo que para Melazo es “claramente cuestionable porque no garantiza la seguridad jurídica”. Aunque el juez elogió el decreto de Solá, dijo a este diario que “los procedimientos que se hicieron implican que yo acepte que la policía entre a cualquier casa de vecino”.
En el gobierno bonaerense están convencidos de que la actitud de Melazo es casi un complot contra las políticas de seguridad de su administración, en su hipótesis de que el juez estaría protegiendo a una de las redes de comercialización de autos robados con base en La Plata. Ese es el fundamento del pedido de juicio político que presentará en algunos días ante la Procuración.
La acusación contra la intervención del magistrado en dichos casos está centrada en cuatro casos. Se trata de operativos que se hicieron entre el 14 y 16 de abril de este año en cuatro galpones montados con la pantalla de compra y venta de autopartes. Durante las inspecciones, la policía encontró, según fuentes de la investigación, un total de 35 autos con pedido de secuestro. En tres de estos cuatro casos, los policías contaban con el respaldo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la zona. Pero cuando requirieron la orden de allanamiento, no la consiguieron. Melazo anuló en las tres ocasiones el procedimiento, devolvió los autos conpedido de captura a los dueños de los desarmaderos y ordenó la instrucción de sumarios para los policías que participaron de la investigación.
Además de estos casos, el gobierno bonaerense reparó especialmente en uno posterior. Se trata de una inspección ocular realizada el 16 de abril en Ruta 44, uno de los depósitos de compra y venta de autopartes ubicado en La Plata. De acuerdo con el acta labrada en el lugar por los hombres de Seisdedos, los policías llegaron al lugar con la orden de allanamiento firmada por el propio Melazo. En esas condiciones, tomaron fotografías sobre un Fiat 600 robado el 29 de octubre de 1989 en Ensenada, un Fiat 147 Vivace con pedido de secuestro del 16 de agosto de 2002 y un Dodge 600 con numeraciones adulteradas, entre otros cuatro vehículos. Cuando terminaron con el procedimiento, pidieron la detención de Enrique Omar Grossi, el hombre que aparecía como responsable del lugar. Pero la investigación también se paralizó: Melazo habría desestimado las pruebas y objetado el procedimiento.