La Argentina podría estar a la vanguardia en la ampliación de derechos si mañana en el Senado se trata y aprueba la ley de Identidad de Género, que permite el cambio de documentos y el acceso a tratamientos de reasignación sexual a travestis y transexuales. “Por primera vez nuestra comunidad puede lograr su reconocimiento, en un país donde todavía están abiertas las heridas por la sustracción y supresión de la identidad”, dijo ayer la activista Lohana Berkins, titular de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (Alitt). “Somos una comunidad olvidada y esta ley es una deuda de la democracia”, agregó Marcela Romero, presidenta de la Asociación de Travestis, Transgéneros y Transexuales Argentinas (Attta). Según revelaron estas activistas y otras personas consultadas, todos los partidos se mostraron a favor de tratar y aprobar la norma.

“El proyecto prevé el reconocimiento del género en el DNI, que puede o no coincidir con el sexo al momento del nacimiento. Incluye el prenombre, la imagen y el género autopercibido en el documento y sin necesidad de autorización judicial, administrativa, sin gestor ni abogado”, resumió Pedro Paradiso Sottile, de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), que integra el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. La persona interesada debería asistir al Registro Nacional de las Personas e iniciar el trámite, confidencial, que derivará en una nueva partida de nacimiento.

Por otro lado, se establecen el acceso gratuito y la inclusión en el Plan Médico Obligatorio de las cirugías parciales o totales, en el caso de una reasignación sexual, y el tratamiento hormonal, si así lo desea la persona. “Antes, cuando ibas a pedir el cambio de documento te miraban de la cintura para abajo. Te obligaban a operarte los genitales para darte otro documento”, recordó Marcela Romero, quien tramitó su DNI tras 13 años de trajín judicial. “Me atendieron con psicólogos, peritos forenses que me hacían desnudar y en medio de un planteo patologizante”, recordó.

Si en algo supera esta ley a otras similares en España, Uruguay y el Distrito Federal de México, comentó Romero, es en la despatologización. Para realizar el cambio de sexo, operación que hoy se hace en el hospital porteño Durand y el platense Gutiérrez, no es necesario que se declare “enferma” a la persona. Bastaría con firmar un consentimiento informado y reunirse con un equipo interdisciplinario para evaluar los riesgos de esa cirugía. En este caso, y también para adquirir el DNI, la persona debe ser mayor de edad o contar con autorización de sus padres o tutores.

El proyecto comenzará a revisarse hoy desde las 14 en un plenario de senadores y senadoras de las comisiones de Legislación General y Población y Desarrollo Humano. Esta reunión incluirá al activismo y si hay dictamen sin modificaciones al proyecto de Diputados, mañana podría tratarse en el recinto. “Tenemos la aceptación del oficialismo, del Frente Amplio Progresista, del radicalismo y de algunos integrantes del Peronismo Federal”, adelantó Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt).

¿Cuánto influyó la aprobación de la ley de matrimonio igualitario en este consenso? “Mucho. Creo que allanó el camino y abrió el debate en la sociedad. A un año y medio de esa sanción ninguno de los pronósticos aterradores que se plantearon se cumplió. El 90 por ciento de las figuras políticas que apoyaron la ley recibió aprobación en las urnas el año pasado”, aseguró Paulón. La media sanción en Diputados, el año pasado, es alentadora: 167 votos a favor, 17 en contra y siete abstenciones.

A las 12, dos horas antes del debate, en el Salón Arturo Illia del Senado, Attta presentará dos videos: uno sobre el derecho a ser y otro en torno del activismo trans, filmado un día antes de la muerte de la activista travesti Claudia Pía Braudacco, el 19 de marzo pasado. Mientras tanto, desde la Falgbt y desde el Frente Nacional por la Ley de Identidad siguen recorriendo el Senado, sensibilizando y entregando información. “Internacionalmente, es una ley de vanguardia”, comentó César Cigliutti, presidente de la CHA, quien ayer festejó los 28 años de la asociación.

“Si se aprueba, vamos a revisar cómo se aplica a nivel nacional para que no nos nieguen nuestros derechos. Ese es un trabajo fuerte porque siguen vigentes los sistemas reaccionarios y fundamentalistas y es necesario que todos y todas sepan los beneficios que tienen para evitar que se los nieguen o haya abusos de poder”, explicó la activista Lohana Berkins.

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