Organizaciones rurales de todo el mundo se movilizan hoy, en el Día Internacional de la Lucha Campesina, en reclamo por otro modelo agropecuario basado en la producción local de alimentos, reforma agraria integral y soberanía alimentaria, es decir el derecho de cada pueblo a determinar qué producción priorizar y el rechazo al modelo basado en las compañías transnacionales de semillas y agrotóxicos. En Argentina habrá actividades en diez provincias y frente al Congreso exigirán el tratamiento del proyecto de ley para frenar los desalojos, presentado en diciembre pasado y que aún no tuvo tratamiento. En paralelo, la organización internacional socioambiental Grain presentó su informe sobre acaparamiento de tierras, que revela que en los últimos seis años inversionistas extranjeros adquirieron 35 millones de hectáreas en 66 países.

El 17 de abril de 1996 fueron asesinados en Brasil, por la Policía Militar, 19 campesinos y 69 fueron heridos. Todos integraban el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), referente en la lucha campesina a nivel mundial. La organización internacional Vía Campesina, que reúne a 150 movimientos de 70 países y donde participa el MST, instauró esa fecha como el Día Internacional de la Lucha Campesina.

Desde el miércoles pasado y hasta mañana habrá actividades (desde charlas, proyección de documentales y movilizaciones) en Jujuy, Salta, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, Formosa, Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires, Neuquén y Misiones. El epicentro será el Congreso Nacional, donde confluirán cinco organizaciones para reclamar el tratamiento del proyecto de ley que frena los desalojos campesinos en todo el país.

El Movimiento Campesino Liberación, la Mesa Provincial de Buenos Aires, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Foro de la Agricultura Familiar (Fonaf) y el Frente Nacional Campesino (FNC) se movilizarán a las 11 frente al Congreso.

El proyecto, elaborado por las propias organizaciones luego de un año de búsqueda de consensos, prevé detener los desalojos durante cinco años e insta, en los tres primeros años, a realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras. La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Agricultura, pero con la “participación indispensable” de las organizaciones campesinas. El proyecto propone considerar la tierra como un bien social y no como una mercancía, y subraya la necesidad de una política agraria con los campesinos como actores centrales, con acceso al agua, tierra, créditos y mensuras.

El proyecto fue trabajado, en un hecho inédito, por las cinco organizaciones rurales, que dejaron de lado sus matices y apostaron a una iniciativa conjunta. Fue presentado, como borrador avanzado, el 17 de abril de 2011 en el Congreso ante un puñado de legisladores de distintos bloques. Luego del asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, el 16 de noviembre último, el Movimiento Nacional Campesino Indígena mantuvo reuniones con La Cámpora, el Movimiento Evita, Nuevo Encuentro y el Frente Transversal. Informaron en detalle sobre la violencia que se vive en el campo y les precisaron que su prioridad era la sanción de la ley.