“Con los procedimientos abortivos farmacológicos, no tiene ninguna razón de ser la legislación penal que castiga a la mujer por interrumpir un embarazo. Lo único que logra eso es dejarla en un sistema clandestino en el que tiene que recurrir a las mismas bocas de venta donde se consigue la pasta base.” La senadora Mónica Xavier, precandidata por el Frente Amplio a la presidencia de Uruguay e impulsora del proyecto de despenalización del aborto que obtuvo media sanción en la Legislatura uruguaya en diciembre último, definió de esa forma la obsolescencia de las leyes prohibitivas para una práctica que en el país vecino atraviesan más de 30 mil mujeres al año y en Argentina alrededor de 500 mil.

La legisladora viajó a Buenos Aires para participar del Congreso Acceso Igualitario al Aborto Seguro, que comenzó ayer y continúa hoy con actividades desde las 9 a las 21 en dos carpas montadas en la Plaza Congreso. El evento fue organizado por la agrupación Lesbianas y Feministas para la Descriminalización del Aborto y busca aportar al debate con exposiciones de especialistas en salud, comunicación, políticas públicas y docentes, entre otros. “Fue muy interesante –opinó Xavier–. El hecho de que en Argentina exista una guía amigable para las mujeres sobre cómo se practica un aborto seguro (el texto se puede adquirir en el congreso) me parece realmente importante y pensamos imitar la iniciativa en Uruguay.”

–En su país se establecieron las consejerías pre y post aborto, como estrategias de reducción de riesgos y daños en la salud de las mujeres. ¿De qué forma se aplican?

–Es un protocolo de rango legal, desde que fue incluido en la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, sancionada en 2008, que ayudó a reducir la cantidad de muertes producto de abortos clandestinos, pero tiene una especie de esquizofrenia legal. El equipo de salud debe informar a la mujer en qué conductas no debe incurrir y advierte que, luego de realizar el aborto, tiene que volver para un control y un asesoramiento sobre anticoncepción.

–¿Pero?

–Pero la ley vigente, que es de 1938, marca que el aborto es delito en cualquier hipótesis. No hay un aborto no punible, en todo caso, se necesita siempre que un juez lo autorice. De ese modo, lo único que se logra es dejar a la mujer en un sistema clandestino, lucrativo para muchos, en el que temerá pedir ayuda y tendrá que recurrir a las mismas bocas de venta donde se consigue la pasta base, paco le dicen aquí, para conseguir el misoprostol, el medicamento de venta no libre que se utiliza para problemas gástricos. Es decir que por más información que se tenga, se lo compra sin ninguna seguridad. Hoy, cuando los procedimientos son farmacológicos, son químicos, no tiene ninguna razón de ser la legislación penal que castiga a la mujer por interrumpir un embarazo. Sencillamente, ya no se puede evitar. ¿Dónde se tendría que poner el control? ¿En el interior de las casas?

–Sin embargo, la pastilla es el modo más recomendado para un aborto seguro hasta las doce semanas.

–Exactamente. De hecho, desde la generalización del misoprostol y de que se empezaron a ampliar las consejerías, no tuvimos registro de muertes de más mujeres por esta causa en el país. Eso hasta hace un par de días, en que se conocieron los primeros casos de dos mujeres muertas por interrumpir su embarazo. Por eso, creemos que lo definitivo debe ser un marco legal que ampare y proteja a la mujer en el ejercicio de su derecho y también al equipo de salud, de acciones legales. En tanto, lo mejor es dar mucha información.

–¿Tiene posibilidad de convertirse en ley el aborto en Uruguay?

–El actual presidente, José “Pepe” Mujica, prometió no vetarlo si se convierte en ley, un detalle no menor teniendo en cuenta que su predecesor (Tabaré Vázquez) lo vetó en 2008. En Uruguay se producen 33 mil abortos por año, según la estimación del año 2004 que hizo Rafael Sanseviero, un ex legislador que participó del congreso hoy (por ayer). Es decir que se practican 90 abortos por día, una cantidad muy importante para un país en el que nacen 47 mil niños al año.

–¿Podría costear el sistema de salud público la realización de todos los procedimientos?

–Muchos países brindan el medicamento, indican a la mujer cómo debe usarse y la convocan equis cantidad de horas después. De ese modo, no hay institucionalización, ni costos adicionales, cuesta definitivamente mucho menos que una vida y mucho menos que los costos sanitarios de esas mujeres que pasan un mes o dos con cuidados intensivos, quedan definitivamente lesionadas o sin capacidad reproductiva por el resto de su vida.

–¿Cómo ve el escenario en la región?

–Latinoamérica tiene que mejorar el reconocimiento de los derechos de sus mujeres. Yo aspiro a que la ciudadanía se organice por sus derechos, que las mujeres también convoquen a que los hombres ayuden en este tema, así como en una paternidad responsable.

–Usted es una de los cuatro postulantes a la candidatura presidencial por el Frente Amplio. ¿Qué quisiera impulsar en Uruguay?

–Tenemos que seguir diversificando nuestra matriz productiva, nuestra matriz energética y dándoles a los debates poblacionales y de derechos como el del aborto el nivel de debate y de resolución que merecen. La mayoría parlamentaria que hoy tiene el Frente Amplio se logró por el voto de quienes se identificaron con nuestra reivindicación laica en defensa del aborto.

Entrevista: Rocío Magnani.