Tras el aval de la Justicia al cierre de grados en escuelas porteñas, ante el reclamo de un gremio docente y la Defensoría del Pueblo, familias directamente afectadas por la medida presentarán un nuevo recurso de amparo para que se retrotraiga la medida, al menos en sus casos individuales. Ayer se presentaron las madres de dos niños que requieren atención especial, que cursaban en grados con pocos alumnos y ahora deberán concurrir a cursos más numerosos. El lunes se sumarán otras familias. En tanto, la defensora adjunta Graciela Muñiz apeló ayer el fallo por el cual el juez Hugo Zuleta rechazó la medida cautelar contra el cierre de cursos.

Elsa Paulina vivía en Tigre y se mudó a la Ciudad de Buenos Aires, especialmente, para que su hijo I., a quien le diagnosticaron hiperkinesis, asista a una escuela de integración. Lo anotó en la escuela Manuel Lainez, de Belgrano, donde cursa el segundo grado. “Una de las ventajas era que en el curso había pocos alumnos y en el colegio se hace un trabajo de inclusión. Pero estos cambios nos perjudican”, dice la mujer. “Es que desde hace dos años está con un abordaje inrterdisciplinario. Y ahora estoy con bronca, porque es como que vamos para atrás”, enfatizó la madre, quien se hizo presente ayer en la Defensoría.

También concurrió Luján, madre de L., un chico que asiste al mismo colegio, pero a quinto grado, quien fue víctima de acoso por parte de algunos compañeros, lo que se denomina como bullyng. Hasta ahora, la madre estaba tranquila, ya que el chico tenía respuestas favorables, porque estaba en un curso de doce alumnos. “Pero ahora el grado será fusionado con otro que tiene once chicos”, relató.

Los casos individuales se presentan después de que el juez Zuleta, al rechazar los pedidos del gremio y la Defensoría, dejó abierta la posibilidad de atender casos de personas afectadas en forma individual. “En principio, vamos a acompañar a estas familias y a todas las que se presenten a que hagan su reclamo primero por vía administrativa al Ministerio de Educación y, luego, en la Justicia”, dijo Muñiz a Página/12. “El juez lo dijo en forma explícita: se pueden atender los casos de aquellos a quienes la medida afecte en forma individual”, agregó.

En forma paralela, Muñiz apeló ante la Cámara el fallo de Zuleta, quien declaró la validez de la resolución 47/2012 del Ministerio de Educación, por la que se dispone la fusión y el consiguiente cierre de 96 cursos, entre escuelas primarias, medias y técnicas.

En el texto, Muñiz considera que lo resuelto por el juez “es arbitrario e infundado, tanto legal como fácticamente, pues en ninguno de los considerandos que tiene en cuenta para resolver hace la menor referencia al dictamen de la Asesoría Tutelar Nº 2, en la que dice que ‘el cierre de aulas no tiene un correlato directo en la protección de los derechos de los más desventajados’ y observa que ‘aun coincidiendo con la intención de mejorar la situación en las escuelas del sur de la ciudad, no existen medidas concretas al respecto’”.

Además, agregó la defensora adjunta, el fallo “no toma en cuenta las respuestas del director de Educación de Gestión Estatal, Maximiliano Gullmanelli, que no supo explicar cómo se iban a resolver los casos especiales de chicos que necesitan una atención más personalizada”.

Para Muñiz, el cierre de cursos “no sólo afecta el año lectivo en curso sino que en el futuro representa indirectamente la no incorporación de nuevas matrículas en los ciclos lectivos subsiguientes”.

El cierre de cursos, anunciado el 29 de febrero, afectó en principio a 121 cursos de primaria, media y técnica. La protesta de docentes y padres, que incluyó el abrazo a escuelas y la instalación de una carpa frente a la Jefatura de Gobierno, obligó al ministerio a reducir el número a 96.