A partir de ayer, Mauricio Macri volvió a estar imputado en la causa en la que se investigan los ataques y vejámenes que sufrieron personas en situación de calle por parte de un organismo oficial de triste fama, la ex Unidad de Control del Espacio Público (UCEP). Macri había sido sobreseído en diciembre por la jueza a cargo de la causa, pero ayer la Sala I de la Cámara del Crimen declaró nulo el sobreseimiento, por lo que el jefe de Gobierno volverá a ser investigado por su responsabilidad en diecisiete hechos denunciados.

La decisión fue unánime aunque los jueces se dividieron a la hora de argumentar. Los camaristas Jorge Rimondi y Luis María Bunge Campos consideraron que el sobreseimiento de Macri “no supera el control negativo de razonabilidad y logicidad, por lo que no puede ser considerado un acto jurisdiccional válido” ya que no se investigó si apañó las agresiones de la UCEP. Por su parte, Alfredo Barbarosch también votó por anular el sobreseimiento al calificar la decisión de “prematura”, porque hay en la causa “circunstancias que no han sido debidamente acreditadas”.

Los jueces también cuestionan la actitud del fiscal Marcelo Roma, quien limitó la actuación de Macri “a la creación de la UCEP mediante el decreto 1232/2008, sin la más mínima valoración de su proceder posterior”. Al respecto, Barbarosch recordó que entre las pruebas reunidas en la causa, se encontraron planillas de la UCEP con pedidos de procedimientos y sus resultados, en uno de los cuales figuraba Macri como solicitante del operativo. “Resultaría de interés efectuar una experticia a fin de determinar la autenticidad o no de su contenido, como así también si dicho documento fue creado desde computadoras del organismo (UCEP) o de alguna perteneciente al gobierno porteño”, opinó el juez.

Los camaristas Rimondi y Bunge Campos, en tanto, consideraron que debe investigarse el accionar del jefe de Gobierno más allá de la firma del decreto de creación de la UCEP, el 1º de septiembre de 2008, como organismo fuera de nivel dentro del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Es que seis meses después, cuando ya la Defensoría del Pueblo porteña había emitido cuatro resoluciones denunciando los atropellos de esa fuerza de choque contra las personas que dormían en la calle, Macri ratificó el funcionamiento del organismo con un nuevo decreto, el 145/2009, firmado el 2 de marzo de ese año. El único cambio fue el desplazamiento de su titular, Fabián Rodríguez Simón. Los desalojos violentos y clandestinos continuaron siete meses más: recién el 18 de noviembre de 2009 Macri disolvió el organismo.

El jefe de Gobierno no está solo en la causa. Lo acompañan como imputados el ex ministro de Ambiente y Espacio Público Juan Pablo Piccardo y unos treinta agentes de la patota. La jueza de instrucción María Fontbona de Pombo declaró la “falta de mérito” para todos, por lo cual siguen vinculados a la causa y deben ser investigados. Pero Macri fue beneficiado con el sobreseimiento. El fiscal no apeló, pero sí lo hizo el abogado Adrián Albor, patrocinante de dos de las víctimas de la UCEP, Graciela Cisneros y Carla Baptista.

Según los argumentos del decreto que firmó Macri, la UCEP fue creada con el objetivo de “mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión” e “intervenir en tareas operativas destinadas a la preservación de la vía y el espacio público”. Para persuadir mejor a las personas indigentes, los agentes de la UCEP desarrollaban su actividad entre las 23 y las 5 de la madrugada, cuando la gente dormía. Iban vestidos con chalecos antipunzantes y, entre los vehículos en que se desplazaban, tenían un camión compactador para tirar allí las pertencias de sus víctimas.

Para el abogado Fabián Albor, la importancia de la causa radica en que “deja en claro que el problema habitacional no se arregla a los garrotazos, desplazando a la gente con mayor situación de vulnerabilidad”. “Por eso es importante que la investigación siga hasta las últimas consecuencias”, dijo a Página/12.

“Con la nulidad del sobreseimiento quedan vigentes los 17 hechos denunciados ante la Justicia”, aseguró a este diario Jonatan Firun, abogado denunciante. Uno de esos casos fue cometido el 7 de octubre de 2008 cuando entre 15 y 20 personas de la UCEP le patearon la casilla a Angel Cánepa, quien vivía debajo de la Autopista 25 de Mayo, en Constitución, y lo amenazaron con cortarle el cuello si no se iba en 48 horas. En otro hecho, el 10 de octubre de 2009, en Pasco al 1300, integrantes de la UCEP despertaron a cinco personas que estaban durmiendo, entre ellas dos mujeres que fueron golpeadas, una de las cuales estaba embarazada de cuatro meses y medio. Cuando la mujer dijo que estaba embarazada, uno de los integrantes de la patota le dijo “entonces te vamos a hacer un tacto”, tras lo cual unas diez personas comenzaron a abusar de ella.

Macri fue indagado el 1º de julio del año pasado, luego de faltar a tres citaciones. Presentó un escrito en el que sostuvo que organismos similares existieron en otras gestiones, manifestó que él se limitó a firmar el decreto de creación y sostuvo que el accionar de la UCEP era responsabilidad del ministro Piccardo. Ahora deberá ir buscando nuevos argumentos.