Una integrante de Abuelas de Plaza de Mayo denunció a Carlos y Dora Mancuso –el matrimonio que reclama que una niña de 7 años sea separada de sus dos hermanos para que quede con ellos– por la presunta apropiación ilegal de un bebé en 1978, durante la última dictadura militar: las Abuelas creen que el hijo de los Mancuso habría sido sustraído a una desaparecida en el centro clandestino de detención “El Vesubio”, donde habría participado Carlos Mancuso, un ex guardiacárcel del Servicio Penitenciario Federal.
La denuncia por supresión de identidad, retención y ocultamiento de un menor fue presentada en el Juzgado Federal Nº 10 de la Capital con el argumento de que Carlos Mancuso y Dora Ignacia Giménez habrían inscripto como propio al hijo de una desaparecida del El Vesubio, el centro clandestino situado en el Camino de Cintura y la autopista Riccheri, en La Matanza.
De acuerdo con los informes recibidos en Abuelas, Mancuso –un ex integrante del SPF– habría participado en El Vesubio durante la dictadura: la nueva causa permitiría conocer la verdadera identidad de Ignacio Mancuso, el hijo del matrimonio que disputa la tenencia de la niña de 7 años que el año pasado fue restituida a su familia biológica y ahora vive junto a sus tíos maternos y sus dos hermanos de 9 y 16 años.
Esta última causa se encuentra ahora en la Suprema Corte bonaerense. En 1996, la niña fue entregada a los Mancuso por su padre, Julio Miranda –un hombre con alteraciones mentales acusado de abusar de los otros dos chicos–, cuando murió la madre de los tres niños. Luego de que los tíos maternos reclamaron la guarda de los tres hermanos, el juez de menores de San Martín Bernardo Mogaburu les entregó la tenencia del mayor –que no es hijo biológico de Miranda– y, en 1999, la del segundo hermano. Sin embargo, un año antes, el juez no había concedido a los tíos la tutela de “Gimena” (el nombre verdadero se preserva) al darle a los Mancuso la guarda de la niña –que en ese momento tenía 2 años– convalidando la separación de sus hermanos. En abril de 2002, el nuevo juez de la causa, Gabriel Peñañori, dispuso que los hermanos debían vivir juntos con sus tíos hasta que la Suprema Corte bonaerense tomara una decisión definitiva.
Aún el máximo tribunal provincial no se pronunció sobre la tenencia de “Gimena” y los abogados de la familia Guerra presentaron a principios de mes una denuncia contra tres de sus ministros (Juan Carlos Hitters, Eduardo De Lazzari y el presidente del tribunal, Eduardo Pettigiani) por presuntas irregularidades en la causa. La querella sostiene que los jueces convalidaron en una primera instancia la separación de “Gimena” –cuando antes esos ministros habían aplicado una sanción a Mogaburu por haber tomado esa misma decisión– y luego contradijeron su propia postura al aceptar que la niña continuara con su familia biológica.
“Si en los próximos 20 días no tenemos una definición sobre el tema, consideraremos que existiría una situación de denegación de justicia y recurriremos a la vía federal y a la Corte Interamericana”, dijo Juan Pablo Gallego, abogado de los tíos.
Hasta el momento, de los nueve ministros, los tres querellados se pronunciarían a favor de la separación de “Gimena” de sus hermanos, dos tienen una posición indefinida y hay cuatro que están en contra.
Por otro lado, fuentes judiciales informaron que la UFI 14 de San Martín pediría –en base a la afirmación de tres peritos– la detención de Julio Miranda por el delito de abuso sexual contra los dos menores.