Los activistas uruguayos pedían la legalización, pues allí la marihuana ya está despenalizada.

El paquete de medidas de seguridad anunciado por el gobierno uruguayo, que incluye un proyecto de ley de legalización y monopolio estatal de la marihuana, generó ayer expectativas y apoyos entre quienes promueven en Argentina la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal.

“Son los pasos en los que va el mundo o a donde debería ir”, opinó ayer la diputada oficialista Diana Conti. Para Victoria Donda, autora junto a Conti y el radical Ricardo Gil Lavedra de un proyecto de consenso para despenalizar, la propuesta uruguaya es “un avance contra el narcotráfico, la violencia y la corrupción que éste genera”. Manuel Garrido, del bloque de la UCR, aclaró que el debate local está más retrasado y consideró que la iniciativa uruguaya “muestra la creatividad que tienen ante problemas que también existen en Argentina”.

La propuesta de legalización fue informada el jueves pasado, sin demasiados detalles porque aún no hay un proyecto definitivo. Según puntualizó ayer el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, lo que el Estado autorizaría a vender no superaría “una cantidad de 30 gramos mensuales por persona”. Además, fuentes del gobierno uruguayo dijeron a Página/12 que no se vendería a extranjeros. La escasez de información fomentó la cautela entre los diputados consultados por este diario, quienes coincidieron en que la noticia podría reavivar el debate local.

“Me parece una medida excelente para un país con la densidad poblacional de Uruguay y que está en otro punto del debate. En Argentina, lamentablemente ni siquiera pudimos legalizar el uso medicinal del cannabis, algo que propuse hace unos años”, dijo Conti. El debate local, agregó, pasa por un momento de reflexión porque las posturas dentro y fuera del Congreso están divididas. Además, no hubo una citación de las comisiones de Prevención de las Adicciones y Legislación Penal. “Avanzamos muchísimo. Hace 15 años era una insolencia que un legislador planteara el tema”, aseguró.

Garrido recordó que en Uruguay ya está despenalizada la tenencia para consumo personal y lo interesante es ver “cómo se va a implementar la legalización y sus resultados”. El proyecto de consenso no abarca tanto en esta etapa, aclaró, pero después vamos a poder pensar otras alternativas. La penalización en sí es un problema, pero muchos no lo aceptan. Perjudica a la Justicia, afecta a los consumidores y restringe su libertad. Es una mala política de Estado”. Donda pidió a sus colegas que den quórum para lograr un dictamen y discutir en el recinto. “Debemos avanzar hacia una política regional con respecto a la problemática de drogas”, afirmó luego. La presidenta de la Asociación Civil Intercambios calificó la propuesta uruguaya como “absolutamente innovadora porque es seria y plantea un mercado regulado, algo más razonable que la mera prohibición y represión”. Para Graciela Touzé, se trata de una “alternativa concreta”, en momentos en que muchos políticos reconocen que la actual política de drogas fracasó. Alicia Romero, integrante de Madres por el Paco y por la Vida, coincidió con la explicación dada por los ministros uruguayos sobre la necesidad de separar los mercados, ya que en los barrios los dealers tratan de venderles paco a los pibes que quieren comprar marihuana, porque ganan más.

“Veamos primero si funciona en Uruguay. Yo lo veo viable”, opinó Romero, quien señaló que la política de drogas de ese país está más adelantada respecto del consumo de pasta base y paco. “Ellos tienen policías comunitarios que orientan a los pibes para hacer tratamiento, hay un trabajo barrial y comunitario muy fuerte”, dijo. El director de la revista THC, especializada en marihuana, estuvo durante la presentación del paquete de medidas en Montevideo y destacó la cantidad y calidad de información que se maneja. “Fueron serios y no se atajaron, no hubo tapujos morales. Fue razonamiento puro: la prohibición hace peor que la marihuana”, dijo Sebastián Basalo.

En la Argentina, la Mesa Nacional por la Igualdad propuso la legalización y uno de sus integrantes, Daniel Landgren, señaló a este diario las distintas posibilidades de producción estatal. “Se puede licenciar a los productores rurales que estén en condiciones de cultivar, con reglas claras, limitando las cantidades porque no puede haber monopolio productivo, y generando una trazabilidad para controlar desde la semilla hasta la marihuana seca y lista para vender”, comentó. Este es el modelo de California, donde se vende en dispensarios a quien obtenga una receta.

Landgren, integrante de la Comunidad Cannábica Córdoba, también cree importante que el Estado uruguayo avale y controle métodos comunitarios, como los clubes de cultivo manejados por los propios usuarios. “Es importante también la calidad. La marihuana prensada que se trafica desde Paraguay tiene un seis por ciento de THC (principal componente psicoactivo del cannabis), la base debería ser un 15 por ciento”, agregó el activista, quien destacó “la testosterona” del presidente José “Pepe” Mujica por avanzar en un proyecto que “mejora la salud, la seguridad y los derechos humanos”.