Hasta anoche seguía sin ser encontrado A.D., el chico de 13 años con problemas de adicción, que el viernes se escapó de la Sala de Infectología del Hospital Sor María Ludovica de La Plata, donde había sido trasladado luego de permanecer en la Clínica Psiquiátrica Ferramed, de Junín, donde había sido alojado en una habitación de castigo, con rejas, similar a las de las cárceles. El defensor de menores Julián Axat y la diputada provincial Natalia Gradaschi, de Nuevo Encuentro, que habían pedido la internación del niño en una clínica “de puertas abiertas”, con un esquema permanente de “acompañantes terapéuticos” que garantizaran una “atención adecuada” para el caso y evitaran una posible fuga, aseguraron que lo ocurrido con A.D. “pone en evidencia la perversidad de las políticas públicas para la niñez y la adolescencia en la provincia”.

En una nueva presentación ante el juzgado en la contencioso administrativo Luis Arias, señalaron que “no es casual lo que pasó con este menor: por un lado (el gobernador Daniel) Scioli garantiza las políticas represivas para la niñez y la adolescencia y definancia el Sistema de Promoción y Protección de Derechos, y por el otro protege un negocio fenomenal de las comunidades terapéuticas y clínicas psiquiátricas en las que la provincia terceriza las internaciones”.

Axat y Gradaschi sostuvieron que el Ministerio de Salud y la Secretaría de Niñez bonaerenses “se niegan a informar cuánto se está pagando por las internaciones, pero estimamos que con esos mismos fondos la provincia podría tener servicios de salud mental estatales de calidad, controlados, bien equipados y con personal idóneo, y no los centros que tenemos hoy, que parecen cárceles destruidas para presos de alta peligrosidad”.

El viernes pasado se había presentado un nuevo recurso de amparo, ante Arias, solicitando que se resolviera la “situación crítica” de los centros de salud mental para niños, niñas y adolescentes. Se había fundado el pedido señalando que la provincia “carece de un área de intervenciones e internación compleja integral en Salud Mental Infanto Juvenil para casos de emergencia”. Por ese motivo “deriva las internaciones a clínicas privadas que no brindan un servicio acorde a los estándares” de las normas que protegen a niños y adolescentes.

Según el texto de la presentación, el Ejecutivo bonaerense “abona 22 pesos diarios para reservar 327 camas en 19 comunidades terapéuticas y 105 camas en cinco clínicas psiquiátricas, a lo que se suman los costos de internación en todos los casos”.