La muerte por discriminación de Humberto “Sapito” Ruiz tiene sus repercusiones en la Justicia porteña que, a paso lento, viene arrimando una postergada cita con el juicio oral. El último paso consistió en el rechazo por parte de los familiares de Sapito, al punto de la indignación, de un ofrecimiento de 140 mil pesos como resarcimiento por parte de la defensa de las médicas del SAME, que no quisieron entrar en la Villa 31 a atenderlo pese a que contaban con custodia policial y que la familia se había ofrecido a acompañarlas, según consta en la acusación fiscal.

Sapito Ruiz murió el 5 de abril de 2011, a las 10 de la mañana, luego de sufrir convulsiones epilépticas toda la mañana. El mal que lo aquejaba era de práctica médica sencilla si hubiera sido tratado adecuadamente y a tiempo. Pero Sapito vivía en la Villa 31.

Dos ambulancias, alternativamente, no ingresaron, apelando sus responsables a temores por la inseguridad, pese a que un policía se ofreció a acompañar a una de las médicas y la familia se ofreció a guiar a los emergentólogos, tal como declararon ante la Justicia y tal como la fiscalía consideró probado.

El 14 de mayo pasado, más de un año después de la muerte de Sapito, debía realizarse una audiencia solicitada por la defensa de las dos médicas enjuiciadas, Eva Celia Rodríguez y Marcela Susana Tela, porque habían interpuesto un pedido de probation. Pero la audiencia se postergó y el proceso se dilató un mes más.

El 3 de junio pasado, tuvo lugar la reunión en el juzgado del 4 piso de Beruti y Coronel Díaz. Asistieron, tal como indica el Código de Procedimientos de la Justicia Contravencional y de Faltas porteña, el abogado de las acusadas, Vadim Mischanchuk, de la Asociación de Médicos Municipales; Emiliano Gareca, representante de los familiares de Sapito Ruiz, y la fiscal Daniela Dupuy, todos ante la jueza María Alejandra Dotti, del Juzgado Contravencional y de Faltas 24.

La defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba que exige dos circunstancias para llevarse adelante: la realización de trabajos comunitarios y una compensación a la víctima o a sus familiares, que no consiste en una indemnización tal como lo interpretaría un juez civil, con mensura técnica del daño, sino que el magistrado hace una evaluación sobre la razonabilidad del ofrecimiento. Para el caso, la defensa de las dos médicas ofreció 140 mil pesos para conformar a la familia. Los familiares pueden aceptar o rechazar el ofrecimiento, y su aceptación implica automáticamente la imposibilidad de iniciar o continuar un juicio civil por daños. Pero no pueden intervenir en relación con el ofrecimiento de trabajo comunitario.

“Fue un intento desesperado por evitar el juicio oral y comprar la impunidad –dijo a Página/12 Emiliano Gareca–. Buscaron de manera vergonzosa aprovechar la situación de vulnerabilidad de la familia. Pero la familia rechazó el ofrecimiento y se opuso al pedido de suspensión del juicio. No están buscando un rédito económico sino la verdad y la justicia. La vida de Humberto no tiene precio y la humillación sufrida por el abandono de las médicas del SAME no puede comprarse.”

En la misma audiencia, la fiscal a cargo, Daniela Dupuy, también respondió a la presentación de la defensa acompañando la tesitura de la familia de Sapito y se opuso a la realización de la probation. Entre los términos planteados, que se tratara de funcionarios públicos, que estuviera implicado el servicio de salud pública, la evidente connotación social del caso, discriminación mediante, fueron argumentos que sostuvo la fiscal para acompañar el rechazo.

La postura de la familia a la compensación económica no invalidaba a la jueza cerrar el capítulo de la probation: podría haber abierto la instancia del juicio civil a la familia y de todos modos aprobar el trabajo comunitario, con lo que el juicio oral penal habría quedado suspendido. Pero Dotti rechazó los argumentos de la defensa y ordenó la realización del juicio oral tal como solicitaron la familia y la fiscalía. Según el fallo, las médicas serán acusadas de abandono de persona seguido de muerte, con un monto de pena de entre 5 y 15 años.

Los pasos de la Justicia porteña son lentos: a un mes de finalizada la audiencia, las partes deben firmar el acta para que después la defensa pueda apelar la decisión de Dotti. Será entonces el momento para que se sortee la sala de la Cámara de Apelaciones que deberá resolver sobre la decisión de la jueza. Recién entonces se sabrá si para la Justicia porteña la muerte de Sapito merece un juicio oral.

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