El Tribunal Oral en lo Criminal 24 porteño condenó ayer al dueño del edificio donde funcionaba el boliche Cromañón, Rafael Levy, a cuatro años y medio de prisión y absolvió al ex comisario Gabriel Sevald y a tres ex funcionarios porteños del área de Seguridad: Juan Carlos López, Enrique Carelli y Vicente Rizzo. Los familiares golpearon los blíndex que los separaban de los acusados en los Tribunales de Comodoro Py y a la salida un pequeño grupo persiguió e insultó al querellante José Iglesias, mientras la mayoría se disolvía entre la bronca y el llanto. “Ahora resulta que todas las personas que murieron se inmolaron solas”, dijo a este diario Liliana Britos, quien perdió a su hija Paula y a su nieta Agustina, hace casi 8 años. “Siempre es difícil condenar a funcionarios”, comentó Patricio Poplavsky, uno de los abogados querellantes, quien criticó estas absoluciones “porque incluso había más pruebas contra ellos que contra Levy”.

En esta primera sentencia por la causa conocida como Cromañón II, cuyos argumentos se conocerán el próximo 3 de agosto, Levy fue condenado como “autor de incendio culposo (no intencional) calificado por haber causado la muerte de 193 personas y lesiones a por lo menos 1432”. Sin embargo, los jueces Marcelo Alvero, Raúl Llanos y María Cecilia Maiza lo absolvieron de la acusación de “cohecho activo”, es decir, de pagar coimas al ex comisario Sevald para no inspeccionar Cromañón y permitir que entrara más público que el permitido en la habilitación.

Los ex funcionarios porteños que resultaron absueltos estaban acusados como coautores de “incendio culposo seguido de muerte” y los fiscales Jorge López Lecube y José María Campagnoli habían pedido cinco años de prisión. Ayer por la mañana, ni el ex secretario de Seguridad porteño, López, ni su segundo, Enrique Carelli, ni el ex director de Seguridad Privada, Vicente Rizzo, hicieron uso de sus últimas palabras, a diferencia de Sevald y Levy (ver aparte). Este último seguirá libre hasta que la Cámara de Casación Penal confirme esta sentencia.

Tras la lectura del veredicto, a las 14.30, hubo una primera reacción de algunos familiares, ubicados detrás de un blíndex y rodeados de policías. Luego se oyeron distintas quejas e insultos en la puerta de los Tribunales de Comodoro Py. “Si tuviéramos plata estarían todos presos”, gritó una familiar cuando salían los fiscales. “Metan preso a alguien por el amor de Dios”, dijo otro. José Iglesias, padre de una víctima y abogado querellante, fue seguido por un grupo de familiares que le achacaban no haber hecho bien su trabajo. “Caradura”, fue el calificativo más decoroso que recibió, antes de subirse a su auto.

“Esto es un crimen político, cometido por un Estado corrupto, a cargo de Aníbal Ibarra. Es un Estado ineficiente, por acción y omisión. Los jueces no comprenden y quieren hacernos creer que es un accidente, no es así: fue un homicidio”, dijo Nilda Gómez, una de las familiares, rodeada de otras veinte personas que portaban los carteles con las caras de sus seres queridos. Para ella, Gómez, el tribunal “hizo lo que quiso”; prueba de ello, agregó, es que “Ibarra ni siquiera fue citado a indagatoria, gracias a la protección política que tuvo de (el ex jefe de Gabinete) Alberto Fernández”.

En la vereda, esquivando los cables de las cámaras, otros familiares se fueron encontrando y se dieron consuelo. “Dos chicos perdí yo. Cómo querés que me calme, si ya no puedo esperar más”, decía una mujer a un amigo, mientras sus lágrimas caían sobre las fotos de sus hijos Mariano y Verónica Valsangiacomo. “¿Y cuando mis nietos me pregunten si se hizo justicia? ¿Qué les voy a decir? Que no, que zafaron todos”, murmuró después. Otras personas, lentamente, sacaban los carteles que habían colgado de las rejas de los tribunales. Uno decía: “Mata doble la injusticia, pero más mata el olvido. Cárcel a los responsables”.

Cuando Iglesias se retiró, uno de los jóvenes que más lo insultaron comenzó a agredir verbalmente a otro de los abogados querellantes, Marcelo Parrilli. “Ocho años y ni una sola condena conseguiste”, le espetó. En ese momento, Leonardo Meneghini, uno de los abogados de la tragedia de Once que había ido a averiguar por el trámite de esa causa, intentó calmar los ánimos. El joven trató de atacarlo hasta que la policía intervino. Su calma sólo duró unos minutos, hasta que salió el fiscal López Lecube. “¡Por qué pediste penas tan bajas!”, le recriminó.

Más tarde, en medio de una ronda de familiares, Andrea Belzunce, hermana de Eduardo, fallecido el 30 de diciembre de 2004, aseguró a este diario: “No faltan pruebas para condenar a los ex funcionarios y al ex comisario, el fallo fue un tema de interpretación de los jueces”. Belzunce insistió en la necesidad de una “condena cierta, real, que duela y que los haga reflexionar por lo que hicieron y que en un futuro, cuando alguien quiera cometer el mismo error lo piense dos veces”. Cerca, en silencio, merodeaba Miguel Angel Borrás, abrazado a la foto de su hija Gabriela, de quien conserva las zapatillas que usó la noche del incendio.

En esa misma ronda, Liliana Britos señaló: “Sabíamos que nos iban a tirar a (Omar) Chabán y a Callejeros por la cabeza y los funcionarios iban a quedar afuera. Nosotros vamos a seguir apelando, si es necesario hasta la Corte Suprema”. Esta mujer contó que su familia quedó destruida tras la pérdida de su hija y su nieta. Tiene tres hijos más, a los que apenas pudo contener emocionalmente tras el incendio. “Uno era jugador de fútbol de las inferiores de Vélez y no volvió a pisar una cancha por el dolor de no ver a su hermana y a su sobrina. Ninguno de los padres va a descansar tranquilo hasta que sean condenados todos los responsables”, dijo.

“Vas a arder en el infierno Rafael Levy, porque en otro lado no te van a dejar entrar y los ciento noventa y cuatro no te van a dejar vivir. No importa si la Justicia no existe porque Dios es el que hace justicia y los va a tocar donde más les duele”, dijo Amelia Borrás, que al igual que su marido, estaba aferrada a la foto de su hija de 15 años. Para ella, que estuvo en el boliche y sobrevivió junto a su otra hija, Cinthia, “todos los que quedaron libres hoy van a tener que ponerse una careta, hacerse una cirugía, porque no van a poder salir a la calle”, agregó la señora.

Las querellas habían pedido penas de prisión de entre 18 y 26 años para Levy, por lo que la condena que recibió fue la gran sorpresa de la jornada. Pese a las críticas de algunos familiares, uno de los letrados que los representaron, Poplavsky, señaló: “No creo que haya fallado la estrategia, nosotros luchamos por las condenas en Cromañón I y II y en el I las logramos, en el II esperemos hacerlo en Casación”. Luego pidió que este tribunal efectivice rápido las penas por Cromañón I, ya que en este momento no hay un solo detenido por el incendio.

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