La Legislatura porteña aprobó una ley que garantiza el desarrollo de políticas orientadas a la atención integral de la salud a personas intersexuales, travestis, transexuales y transgénero en todo el sistema sanitario porteño, medida que fue impulsada por dos proyectos presentados por las diputadas Gabriela Alegre y María José Lubertino, del Frente para la Victoria. La norma contempla, entre sus principales puntos, que “todas las personas tienen el mismo derecho de acceso al sistema de salud sin ser discriminadas ni expulsadas”. Con esto se busca “garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad y al goce de la salud integral, y el asesoramiento personalizado que determina el acceso a tratamientos hormonales integrales y a las intervenciones quirúrgicas de reasignación genital total o parcial sin intervención judicial para lograr readecuar el cuerpo, incluida la genitalidad, a la identidad de género autopercibida”.

La ley establece además que “se implementarán estrategias de educación en promoción y prevención de la salud, además de generar redes de contacto y acciones en común con las diferentes organizaciones sociales que nuclean a personas con diversa identidad y expresión de género”.

“A partir de la sanción de esta ley es indispensable que el Ministerio de Salud porteño garantice en cada uno de los hospitales públicos y centros de salud privados un espacio de diálogo, de respeto de la confidencialidad de las personas”, dijo Lubertino a Página/12. “En ningún caso las personas podrán ser sometidas a la realización de estudios con fines discriminatorios y sin consentimiento previo”, agregó.

“Esta norma viene a reparar y a poner en sintonía con los avances garantizados en el ámbito nacional con la Ley de Identidad de Género, y que en la Ciudad no se venía cumpliendo”, comentó Lubertino.

Asimismo, la normativa solicita que se efectúen las adecuaciones presupuestarias, de estructura, insumos y equipamiento que resulten necesarios para reforzar y fortalecer la iniciativa. “El mayor factor de riesgo para el colectivo trans no es su condición sino la discriminación y estigmatización a la que es sometido, lo que lo vuelve una población vulnerable”, expresa el dictamen.

Lubertino sostuvo que “el promedio de vida de las personas trans es de 35 años y eso por sí sólo habla de las dificultades por exclusión social económica, laboral, sanitaria, educativa, que generan condiciones de desigualdad”.

En tanto, la diputada Alegre dijo que “las barreras de acceso a la salud son múltiples, el sistema expulsa a las personas trans e impide que gocen de prestaciones básicas como controles clínicos, nutricionales, de salud sexual y reproductiva. La ley facilita que las personas trans puedan ir al médico, como cualquier otra persona, sin ser discriminadas ni expulsadas”.

Además, Alegre afirmó que “hubo muchos casos de muertes, por ejemplo, por inyectarse aceites industriales en lugar de siliconas”. “La norma promueve que estas y otras prácticas de readecuación del cuerpo a la identidad autopercibida se hagan en el sistema y con toda la seguridad y los insumos correspondientes”, añadió.

La legislación toma en cuenta la experiencia desarrollada por el Servicio de Urología del Hospital Durand junto con la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) en la atención de personas trans que solicitan prácticas vinculadas con la modificación del cuerpo. En ese espacio se han realizado tres operaciones de reasignación sexual y se atendieron más de 390 personas. “Esta ley reivindica el trabajo que la CHA realiza hace ya siete años, en asesoramiento y acompañamiento integral de las personas trans, brindando apoyo terapéutico y efectivizando tratamientos de reemplazo hormonal y operaciones de reasignación sexual”, señaló a este diario César Cigliutti, presidente de la CHA.

Informe: Sabrina Améndola.