Jueces, especialistas en Derecho Penal, organizaciones defensoras de los derechos humanos y funcionarios del Estado consultados por este diario se manifestaron a favor de las salidas de detenidos para realizar tareas de reinserción social mientras esperan una sentencia o el cumplimiento de una pena. Algunos cuestionan por “inoportuna” la exposición que se dio a los actos en los que participaron los detenidos, a través de redes sociales. Otros critican el uso “con mala fe” que se hizo desde algunos medios para cuestionar al Gobierno. La mayoría advierte sobre el riesgo de que, a partir de esta exposición, se recorten los derechos de los detenidos y opinan que el debate abierto, en todo caso, “debería servir para ampliar esos derechos y no para cercenarlos”. Es decir, que los beneficios de salidas vigiladas se extiendan a más detenidos, y la posibilidad de organizar actividades, a más organizaciones.

El debate se generó a partir de la publicación, el domingo último, en el diario Clarín, de una nota que da cuenta de que “sacan presos de las cárceles para llevarlos a actos kirchneristas”. Se refiere así a un programa de salidas para actividades culturales organizadas por la agrupación Vatayón Militante. Ese mismo día, el ministro de Justicia, Julio Alak, defendió el programa como una estrategia para “favorecer la reinserción de los detenidos una vez que obtengan la libertad” y “disminuir el índice de reincidencia”.

“La sociedad tiene que hacerse cargo del interior de la cárcel”, afirmó el procurador penitenciario Francisco Mugnolo. El ex diputado de extracción radical, encargado de controlar el cumplimiento de las garantías de los detenidos en unidades penales federales, sostuvo que “las salidas de detenidos para realizar actividades en la comunidad son un derecho: es una forma de derribar los muros de la cárcel, una estrategia virtuosa de integración, que permite que no haya tantos momentos de ocio en el encierro, que generan todo tipo de conflictos.”

Mugnolo pone como ejemplo el caso del taller de pintura y serigrafía de la Cárcel de Mujeres de Ezeiza. “Las detenidas quieren estar presentes en la bienal donde se exhiben sus trabajos y eso es muy valioso para su rehabilitación”, dice.

Para Alberto Binder, vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), “lo primero que hay que sostener es que la persona que está detenida en una cárcel tiene derecho a la reinserción social: estar en la cárcel no debe ser una forma de tortura, ése es un mandato constitucional. Y es una estupidez pensar que es un divertimento una salida para actividad cultural, laboral o educativa”.

Binder se manifestó de acuerdo con toda actividad que permita al detenido “relacionarse con su familia y con la sociedad, y que la sociedad se relacione con el preso, porque si la cárcel se convierte en un ghetto eso representa un perjuicio para la sociedad”.

Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc), pone en blanco sobre negro las contradicciones del tratamiento mediático y político del tema carcelario: “Hemos mostrado fotos del cuerpo de un joven torturado en una cárcel dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en julio de 2011. Sin embargo, lo que provoca escándalo y debate son las salidas de un grupo de presos”.

Respecto de las actividades que dieron pie a la polémica, la abogada sostiene que “la cárcel es una institución donde impera el miedo, el dolor y la arbitrariedad, por lo que “todo lo que pueda hacerse para abrir la cárcel, y para que la sociedad ingrese a ella, a través de instituciones educativas, laborales, recreativas, deportivas, sindicales, de derechos humanos, políticas, debe ser estimulado y bienvenido”. Advierte además que “es preciso trabajar con todos los presos y presas, aun con quienes hayan cometido delitos graves, que nos repugnen más o menos conforme a nuestras convicciones”.

“Si el fin de la pena es la resocialización, resulta contradictorio resocializar desde el encierro estricto”, sintetiza el juez de Necochea Mario Juliano, de la Asociación de Pensamiento Penal.

Todos o algunos

Las diferencias se plantean cuando se discute si el beneficio debe alcanzar a todos los detenidos, sea cual fuere el delito que han cometido; si las actividades deben ser difundidas por las redes sociales, y si todas las organizaciones que lo solicitan tienen acceso a organizar actividades en las cárceles.

Lo que divide las aguas es el caso de Eduardo Vásquez, recientemente condenado a 18 años de prisión por el homicidio de su pareja mediante graves quemaduras. “Es injusto decirle a una persona que no puede acceder a un beneficio si su conducta en la cárcel es buena, por el delito que cometió”, dice Mugnolo a Página/12. “Estuve con el padre de Wanda Taddei (la mujer asesinada), y no criticó la estrategia de salidas. Naturalmente, no estaba de acuerdo con que se aplique a esta persona. Habló desde su dolor. Pero la política criminal no la pueden dictar la víctimas.”

Mugnolo aclaró que los casos sobre los que se debate no son “salidas transitorias”, que son las que involucran a personas con condena firme, con fines laborales y sin custodia. “Este tipo de salidas para personas procesadas o sin sentencia no están expresamente reglamentadas. Pero como todo lo que no está prohibido está permitido, los detenidos tienen ese derecho. Deben salir con custodia, trasladados por móviles del servicio penitenciario y con permiso judicial. Nunca están en libertad. Esto se cumplió en los casos denunciados: no hubo irregularidades”, enfatizó (ver nota aparte).

“A los procesados les rige el principio de inocencia y nunca podrían tener una privación de la libertad con menos derechos que los condenados”, sostiene Paula Litvachky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Agrega que el criterio debe aplicarse para todos los acusados por distintos delitos. “No puede haber restricciones de este tipo. Los únicos que pueden autorizar o rechazar permisos son los jueces, de acuerdo con cuestiones de comportamiento o de seguridad. Es la única manera de evitar la discrecionalidad del Servicio Penitenciario Federal para otorgar ciertos beneficios a cambio de favores.”

“Los procesados y los condenados que no tienen sentencia firme (como el caso de Vásquez) son jurídicamente inocentes. Deberían estar en libertad pero si cautelarmente tienen que estar detenidos, no pueden estar en peor situación que los condenados, que tienen la posibilidad de salidas transitorias”, agrega el juez Juliano.

En cambio, el diputado y ex camarista federal Ricardo Gil Lavedra (UCR) sostiene que “para los detenidos sin condena firme no es aplicable el régimen de los condenados”. “Pueden salir excepcionalmente por la muerte de un familiar o para rendir un examen. Pero la Ley de Ejecución Penal establece un régimen progresivo para la obtención de salidas transitorias en la última etapa de la ejecución de la pena”, argumenta.

Para Gil Lavedra “estas medidas son buenas porque el condenado robustece sus posibilidades de reinsertarse en la sociedad”. Pero aclara que “este recurso no puede utilizarse de manera arbitraria y discrecional. No es admisible que los detenidos puedan salir para actividades culturales que son un barniz para actividades políticas. En este caso (el de Vásquez) los jueces se han equivocado”.

Cuestión de forma

“Es el uso de un buen instrumento utilizado en forma negligente”, dice Binder. Para el abogado penalista, es “reprochable que no se haya administrado con cuidado: el de Vásquez ha sido un caso muy notorio, muy irritativo porque hace muy poco que ha sido condenado. Para las víctimas y sus familiares esto significa revivir su tragedia y provoca un dolor muy grande. Al menos no se deberían difundir estos eventos por youtube”, sugiere. “Esto –concluye– ha contribuido a que se haga una bola increíble, a partir de un uso periodístico que no es de buena fe.”

Sobre ese punto, Cesaroni coincide: “Así como deben respetarse los derechos de las personas privadas de libertad, debe respetarse el dolor de las víctimas y de sus familiares”. En ese sentido, consideró “desaconsejable difundir imágenes festivas mediante videos y redes sociales, en tanto provocan más dolor en los familiares de las víctimas de delitos graves, y pueden afectar la intimidad de algunas de las personas privadas de libertad que aparecen en ellas”.

En cuanto a las actividades organizadas por Vatayón Militante, la abogada manifiesta su preocupación porque “el desarrollo de actividades recreativas pueda verse subordinado a la participación en determinada fuerza política”. Opina que “hacer bailar a un preso con un penitenciario puede parecer simpático para algunos” pero “para muchos otros”, entre quienes se incluye, “implica una humillación, un acto de violencia simbólica, más allá de las buenas intenciones con que los integrantes de esa agrupación trabajen en el ámbito carcelario”.

“Las facilidades con las que cuenta para desarrollar su actividad el Vatayón Militante no son compartidas por otras organizaciones sociales y de derechos humanos, sobre todo en las que tienen una mirada crítica sobre lo que sucede en las cárceles federales”, advierte.

Para Mugnolo, “el acceso a la organización de actividades tiene que ser igualitario: es muy difícil que otras ONG sean aceptadas para tareas intramuros y que incluyan para actividades fuera de la cárcel”.

En el balance, el procurador penitenciario concluye que “Hortel está haciendo una buena gestión”. “Toda esta fachada populista está contribuyendo a un proceso de apertura en un esquema penitenciario que ha sido siempre violatorio del derecho de los presos”, elogia.

Para Binder, las actividades de los detenidos dentro de las cárceles y los traslados para desarrollarlas afuera del penal “contribuyen a romper formas rígidas de relación entre el servicio penitenciario y los detenidos”. Propone que las salidas “deberían ser para la mayor cantidad de detenidos”. “La sociedad debería entender que mantenerlos en la exclusión y la degradación del encierro es el peor de los negocios en materia de seguridad”, enfatiza. Pero aclara que “si bien a partir de la última gestión del SPF hay mejoras, de ahí a decir que es un ‘orgullo’, hay una gran distancia. No es un espaldarazo para quienes vienen luchando para mejorar las condiciones de detención.”

“Lo que preocupa –concluye Cesaroni– es que a partir de discutir estos temas, se pretenda recortar derechos, en vez de ampliarlos.”