La Auditoría General de la Nación, que conduce el radical Leandro Despouy, dio a conocer ayer un informe crítico sobre el proceso de contratación del control de la tarjeta SUBE. “Existe un conjunto de observaciones referidas a continuas irregularidades en todas las etapas del proceso de contratación”, dice el texto. Sin embargo, cuando se detallan esas anomalías no tienen que ver ni con faltantes o sobrantes de dinero ni adjudicaciones fraudulentas, sino con que el Banco Mundial envió la mayoría de sus aprobaciones por mail, que el contrato debió encuadrarse como locación de servicios y no como locación de obra o que el Banco Mundial aprobó un presupuesto de cinco millones de dólares y cuando se terminó de licitar el monto, también aprobado por el BM, fue de 10,5 millones de dólares.

Desde la Auditoría enviaron dos mensajes. Por un lado, sostienen que con este informe el Ministerio del Interior y Transporte, encabezado por Florencio Randazzo, debe pasar de una suspensión del contrato a una cancelación. Por el otro lado, admiten que no hay delitos en lo actuado sino “desprolijidades”. Igual, el informe fue enviado al juez federal Sergio Torres que investiga si hubo delitos.

En una especie de conclusión, la AGN critica al BM porque cuando evalúa propuestas le da un 80 por ciento del puntaje a la capacidad técnica y un 20 por ciento del puntaje al precio. Con ese procedimiento, dice Despouy “a título personal”, la selección puede inclinarse con mayor facilidad con bases meramente subjetivas, “como si fuera un concurso de belleza”.

“Se advierte que se incurrió en sucesivas irregularidades –señala el informe–, que por tener la aprobación del Banco Mundial permitieron seguir adelante. Las irregularidades van desde una reducción de la lista de empresas participantes en la licitación, la contratación a un precio superior (48 millones de pesos) al presupuesto final aprobado (40 millones), pasando por la adjudicación con plazo vencido (seis días) y por expresa instrucción del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, quien debió librar una resolución oficial y no lo hizo.”

En el único punto en el que se habla de movimientos de dinero, el informe menciona un pago que figura hecho en agosto de 2011, pero que en el recibo aparece como realizado en marzo, aunque el dinero salió del banco en agosto. Sin embargo, no se mencionan ni faltantes ni sobrantes en movimientos que estaban a cargo de la Unidad Ejecutora de los Proyectos del Banco Mundial en la Secretaría de Transportes, a cargo de Jorge de Belaustegui.

En un breve texto enviado anoche por mail por Schiavi, señala que “se habla de irregularidades, pero no lo son: son las prácticas del Banco Mundial. El encuadramiento como locación de obra es lo habitual en el BM. Los mails dando aprobación de cada paso, cada aviso en los diarios, son la práctica frecuente del BM. Y lo fundamental es que debe tenerse en cuenta que todo el procedimiento pasó varias veces por el directorio del BM para su autorización. No fueron funcionarios locales, sino el directorio. Y eso es también lo que explica varias de las demoras”.