“Prostíbulos cero.” A eso apunta el proyecto de ley que será debatido hoy por los legisladores tucumanos. La intención es prohibir en toda la provincia el funcionamiento de lugares en los que se practique o se facilite la explotación de la prostitución y el sometimiento de la mujer y, también, proteger a las víctimas de esa situación. La iniciativa, elaborada por el gobierno provincial, surge en medio del juicio por la desaparición de Marita Verón a manos de una red de trata. “Queremos ser parte de esto, porque hemos trabajado mucho para contrarrestar estos delitos”, sostuvo Susana Trimarco, la madre de la joven.

El proyecto, que apunta a cerrar todo tipo de posibilidad de acción a los proxenetas que operan en la provincia, tiene dictamen favorable en las comisiones de Derechos Humanos y Seguridad y Justicia.

La iniciativa, que se espera que sea aprobada durante esta jornada, tiene once artículos y plantea el cierre definitivo y la clausura de todos los prostíbulos, sea cual fuere su nomenclatura.

En ese sentido, el primer punto de la norma explicita la prohibición en toda la provincia de “la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación –de manera ostensible o encubierta– de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites, saunas o establecimientos y/o locales de alterne”, en los que se promocione la oferta sexual entendida en todas sus formas.

El especial hincapié en la denominación de los lugares que se utilizan para la explotación sexual tiene una razón de ser: “Esto amplía la enumeración de lugares que están habilitados con distintos nombres que encubren el ejercicio de la prostitución” y que contempla la ley nacional 12.331 que ya los prohíbe, apuntó uno de los abogados de la fundación María de los Angeles Verón, Germán Díaz.

“No estamos avanzando sobre los derechos de la mujer, sino que buscamos romper el vínculo que existe entre la mujer y el explotador, que la somete y la reduce a la servidumbre, en muchos casos, y se beneficia con su trabajo”, explicó el legislador por el bloque Tucumán Crece y titular de la Comisión de Seguridad y Justicia, Gerónimo Vargas Aignasse.

La provincia que ya cerró los locales es Córdoba. Aunque en el caso de Tucumán, el alcance de la ley que sería sancionada hoy es aún mayor. En el proyecto se establece que la mujer que “no pueda acreditar su identidad y domicilio” será considerada “víctima de trata de persona, debiéndoles brindar protección y contención mientras su situación es puesta en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas competentes”.

El Ministerio de Desarrollo Social y la Comisión provincial de lucha contra la trata de personas y de contención y recuperación de víctimas de la explotación sexual que crea la norma será quien asista a esas víctimas. Para este caso, Trimarco propuso que los servicios del equipo de profesionales de la Fundación que preside se sumen a la iniciativa oficial. “Si se saca una ley de cierre de prostíbulos habrá muchos otros aspectos en los que se deberá trabajar”, reflexionó.

La norma también establece un cambio en el Código de Contravenciones Policiales de la provincia, ya que quien viole esta ley será sancionado con un arresto de hasta sesenta días, no redimibles por multa.

Aunque en la reglamentación se definirá qué dependencia gubernamental actuará en cada caso, el legislador por el bloque Tucumán Crece Reynaldo Jiménez explicó que el órgano de aplicación recaerá sobre el Ministerio de Seguridad Ciudadana.

Antes de llegar al recinto, el proyecto fue tratado por los legisladores de las comisiones respectivas junto con otro muy similar presentado por el legislador perteneciente a La Cámpora, Jesús Salim.

Informe: Carla Perelló.