Entre 1997 y 2003, distintos tribunales de la República Argentina impusieron una decena de condenas a prisión y reclusión perpetua a personas que cuando habían cometido sus respectivos delitos, eran menores de edad.

Las inusuales condenas (la República Argentina es el único país de la región que aplica este tipo de penas), contrarias a la Convención de los Derechos del Niño, provocaron aisladas reacciones de personas comprometidas con la vigencia de los derechos humanos, que trabajosamente fueron ganando espacio, hasta que más de una década después (el 21 de agosto de 2012), la Sala 2ª de la Cámara Federal de Casación Penal (el más alto tribunal penal del país) ha dicho que ese tipo de sanciones, aplicadas a menores de edad, son inconstitucionales.

La reciente decisión judicial no es producto de las casualidades. Muy por el contrario, es la consecuencia de arduas luchas libradas en el terreno de la incomprensión y la indiferencia. Pretendo rendir homenaje a algunas de las personas que se comprometieron en esta causa, en beneficio de un orden legal apegado al estado de derecho. Se trata de un acto de estricta justicia.

En primer lugar, a los jueces que integran el tribunal que ha decretado la inconstitucionalidad: Angela Ester Ledesma, Ana María Figueroa y Alejandro Slokar. Ellos, además de regalarnos finos conocimientos, nutridos en el Derecho internacional de los derechos humanos, tuvieron el coraje cívico de firmar una resolución de esta índole que, lamentablemente, no tuvieron otros jueces del mismo tribunal, que tiempo atrás convalidaron estos engendros jurídicos.

Luego, Pablo Jantus, integrante del Tribunal Oral de Menores Nº 2 de la Ciudad Autónoma, que fue uno de los primeros jueces en proclamar la inconstitucionalidad de esta pena, en 2002, cuando muy pocos se planteaban esa posibilidad.

Adrián Martín, que recién asumido como juez tuvo a su cargo disponer las salidas transitorias de uno de los condenados (Carlos Alberto Mendoza), comenzando a reparar las consecuencias de una pena ilegal.

Finalmente, dos mujeres, que desde distintas perspectivas han luchado bravamente por revertir las penas aplicadas a los jóvenes: Stella Maris Martínez –defensora general de la Nación, que hizo llegar los casos al sistema interamericano de protección de los derechos humanos– y Claudia Cesaroni –integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc)–, que durante todos los días de la vida se las ingenió para visibilizar el tema y reclamar por su reparación.

A todos ellos, aun sin que lo sepamos de modo manifiesto, les debemos la posibilidad de vivir en una sociedad más justa.

* Presidente de la Asociación Pensamiento Penal.