Unos 500 vecinos que habían ocupado dos complejos habitacionales ya adjudicados a otras familias, en Villa Dominico –partido de Avellaneda–, fueron desalojados ayer. Se habían instalado hacía cinco días en las viviendas de los complejos El Relámpago y Nueva Ana, y la Policía Bonaerense los desalojó sin que se produjeran hechos de violencia. Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda –del Frente para la Victoria–, aseguró que la toma “no fue espontánea: hubo una intencionalidad política”. Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia de la Nación, aseguró que la toma había respondido a “una interna partidaria”.

La Policía Bonaerense, en cumplimiento de una orden judicial, ingresó ayer a la mañana en los complejos habitacionales El Relámpago –situado en Beazley al 600– y Nueva Ana –en Carlos Gardel 4300–: estaban ocupados por 170 familias con un total de unas 500 personas. El desalojo fue pacífico y muchos de los desplazados marcharon hacia la Municipalidad de Avellaneda y cortaron la avenida Güemes. El intendente Jorge Ferraresi los convocó para una reunión hoy a las 10: “Se asesorará a estas familias para que se inscriban en el plan Procrear, del gobierno nacional”.

Silvina, del grupo de vecinos desalojados, afirmó que “hace dos años nos prometieron estos departamentos, aunque nunca firmamos nada”. En 2010 estos vecinos, que residen en la zona, ya habían ocupado por un tiempo el entonces club El Relámpago, en cuyo predio se construiría uno de los complejos.

En cambio, Giselle Zárate, adjudicataria de una de las viviendas en el complejo Nueva Ana, aseguró que “somos gente trabajadora y no somos amigos de nadie. Hay un censo con cada una de las familias”.

El intendente afirmó que “la adjudicación de viviendas concierne también a la recuperación de espacios públicos: la relocalización de estas familias, que vivían junto al cementerio, hace posible la apertura de dos calles: San Lorenzo y Casacuberta”.

En cuanto a los desalojados, “no es admisible que a partir de una toma se generen derechos –sostuvo Ferraresi–. Y la toma no fue espontánea; hubo una intencionalidad política”. Agregó que “se trata en su mayoría de personas muy jóvenes, de poco más de 20 años. Estas viviendas las construye el Estado nacional, a través del municipio, y les corresponden a vecinos que en su mayoría tienen más de 55 años, por lo cual no pueden ya acceder a créditos hipotecarios”. En la tarde de ayer, Ferraresi anunció a este diario que “ya se están mudando las familias que tenían adjudicadas estas viviendas”.

Gustavo López sostuvo que “llevar a la calle una interna partidaria, mandando gente a tomar una vivienda que le correspondía a otra familia para perjudicar la imagen del intendente del lugar, es fomentar la guerra de pobres contra pobres”, y llamó a los ocupantes “a que no se dejen utilizar”.