El día 21 de agosto un hecho muy importante aconteció en el país: la Cámara del Crimen de Córdoba condenó a tres años de prisión condicional a un productor sojero y al piloto de aviones aplicadores de agroquímicos, por fumigaciones ilegales en el Barrio Ituzaingó Anexo, cerca de la capital cordobesa. Como siempre sucede en estos casos, mientras la defensa piensa en apelar, las partes querellantes no hallaron total satisfacción en esta condena. Pero más allá de la perspectiva judicial es necesario situar el acontecimiento en la coyuntura de la expansión sojera; en el avance de la empresa Monsanto en el país con nuevas inversiones justamente en Córdoba y Tucumán, es decir en una coyuntura de mayor presencia de la corporación, productora del famoso glifosato, quien de alguna manera también estuvo por dos meses en el banquillo de los acusados. Desde esta perspectiva, el cuestionamiento a sujetos poderosos que hace este fallo (aunque sea de modo indirecto) es un hecho histórico que profundiza un importante debate en el país. Ese debate se inició hace muchos años porque estas mujeres del barrio cordobés no se resignaron a esconder su sufrimiento bajo cuatro paredes; porque la información acerca de una agricultura que cambiaba sus procesos productivos, sus insumos y la estructura social, se expandía a través de muchos trabajos universitarios; porque los pueblos afectados comenzaron a organizarse; porque los médicos conscientes y responsables comenzaron a relacionar el aumento de enfermedades como el cáncer con estos agroquímicos; porque algunos investigadores se animaron a comprobar estas cosas bajo el método científico tan apreciado por estos poderosos; porque los organismos de derechos humanos empezaron a interesarse por esto; porque muchos periodistas se animaron a difundirlo y porque, es importante decirlo, esos debates llegaron a audiencias públicas en el Congreso Nacional, donde todos estos actores pudieron expresarse.

En esos debates, desde una “ecología de saberes” se fueron desactivando los discursos de la sustentabilidad de esta agricultura (“agronegocio” en nuestra conceptualización) o la inocuidad de los agroquímicos. Muchas veces los sujetos con intereses económicos sostenían que “siempre la agricultura se desarrolló con muchos agroquímicos y que el glifosato no sólo era inocuo, sino que había permitido disminuirlos”. En una audiencia pública en el Congreso Nacional presentamos un cuadro que demostraba la magnitud del aumento de aplicación de agroquímicos en nuestro país a partir de la expansión sojera. Los datos muestran que en la cosecha 1948/49, de importantes producciones y exportaciones, el país utilizaba sólo 10 mil litros de agroquímicos, cifra que aumenta a 3500 millones en la década del sesenta, pero que a partir de 1996 (autorización de la utilización de la semilla transgénica de soja) a los ya 69 mil millones de agroquímicos tradicionales se sumaron 200 mil millones de litros de glifosato, que según algunas fuentes ha llegado en nuestros días a los 300 mil millones de litros. Es decir, estamos en una situación inédita de 19 millones de hectáreas de soja transgénica y alrededor de 370 mil millones de litros de agroquímicos cuya inocuidad no ha sido probada y en forma paralela no se ha respetado el principio precautorio (ver Giarracca y Viale Página/12, 15/11/10).

Para configurar esta situación agraria en un territorio con una población que se ha caracterizado por la preservación de sus derechos, por luchas muy importantes durante toda su historia, es evidente que estamos hablando de corporaciones muy poderosas y sujetos (nuevos sujetos agrarios) que obtienen extraordinarias ganancias y también que estamos frente al apoyo de un Estado que no sólo lo hace por recibir los beneficios de los impuestos a las exportaciones, sino por pura convicción “modernizadora”, sorda a los grandes ejes de los debates del nuevo siglo que ya había anticipado Juan Perón en 1972. Por eso, el fallo constituye un gran acontecimiento y no se lo debe reducir a una cuestión meramente judicial, porque supone mucho más que eso y porque una vez más puso en evidencia esa tenacidad de muchas mujeres para preservar la vida.

* Socióloga. Titular de Sociología Rural. FCS-UBA.